El caso de Juana Rivas ha motivado cambios en el pacto sobre la violencia machista que, con una dotación presupuestaria de unos mil millones para los próximos cinco años, pretende acabar con esta lacra. El Senado ha incluido una nueva medida a su acuerdo sobre violencia machista para proteger a las víctimas inmersas en situaciones de sustracción internacional de menores, como la de Juana Rivas que incumplió el pasado miércoles la orden judicial de entregar a sus dos hijos al padre condenado por maltrato.

Lo han hecho todos los grupos de la Cámara Alta al presentar un voto particular al informe que consensuaron el pasado lunes con 267 propuestas para plasmar en el futuro pacto de Estado contra la violencia machista, y que hoy será debatida en la Comisión de Igualdad. En su nueva propuesta, a la que ha tenido acceso Efe, los portavoces proponen "estudiar modificaciones legislativas para proteger a las víctimas que estén en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea un episodio de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor".

Se trata de una iniciativa que también han formulado los grupos parlamentarios del Congreso en el dictamen de la subcomisión, que en su caso plantea 202 medidas, y que, como el Senado, trasladará mañana a la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja.

Con este voto particular, que previsiblemente saldrá adelante al estar firmado por todos los partidos, pretenden evitar situaciones como la de Juana Rivas, que podría enfrentarse a delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de secuestro o sustracción de menores.

Además de este voto, el PSOE ha presentado nueve y Podemos otros cuatro, según informaron fuentes parlamentarias.

La decisión que se tome en la Comisión pasará el próximo 12 de septiembre por el pleno de la Cámara Alta, en el que los grupos podrán volver a defender sus votos, modificarlos o presentar otros nuevos, explicaron las mismas fuentes.

Entre las propuestas figura que las mujeres víctimas de violencia de género sin recursos y sin trabajo puedan tener seis meses de prestación por desempleo para poder dar un paso adelante en su nueva vida. También se ha acordado que en todos los colegios haya asignaturas obligatorias para hablar de igualdad o que en las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial las materias de violencia de género sean obligatorias y evaluables.

Los grupos también han consensuado favorecer la coordinación en materia de sanidad para que los profesionales puedan interpretar adecuadamente los síntomas de la violencia de género.