Las negociaciones políticas para pactar un gobierno en Granada penden de varios hilos, pero uno de ellos, quizás el que resulte más grueso al final, es la situación judicial del actual alcalde en funciones, el socialista Paco Cuenca, que está siendo investigado por un juzgado de Sevilla desde hace varios años. En el momento crucial, cuando un motivo como éste puede ser argumento (más o menos sincero) para que uno de los alcaldables se quede en la cuneta de los pactos, fuentes judiciales apuntan que la instrucción del caso está en su fase final y que el juez podría resolver en cuestión de días o semanas si archiva o continúa hacia la preparación de juicio.

A falta de esa resolución judicial del juez José Ignacio Vilaplana (en la que los socialistas esperan que Cuenca sea apartado del caso), esta última semana decisiva para la formación del gobierno local se están aireando algunos documentos judiciales del caso que ya tienen algunos meses e incluso ya estaban publicados, para tratar de pronosticar una resolución positiva para el actual alcalde. Es el caso del informe de la Fiscalía, que desde noviembre del año pasado ha venido reiterando al juez su posición a favor de archivar parcialmente la causa para Cuenca por sus actuaciones cuando era delegado de Innovación de la Junta en Granada. 

Es de suponer que, a falta de otra cosa, los socialistas consideran que esto puede resultar de ayuda, pese a  que el informe del fiscal tiene un segundo filo muy peligroso para Cuenca. El Ministerio Público sólo recomienda el archivo parcial, para el sobreseimiento de uno de los delitos (usurpación de funciones públicas); pero sobre el resto (prevaricación y malversación de caudales públicos), que podrían ser los más delicados, insta a que los hechos sean investigados en una causa aparte y en Granada. Es decir, que el juzgado de Sevilla deduzca testimonio.  

Esas "posibles irregularidades advertidas en la celebración de los contratos menores de servicios" en el caso de la Delegación de Granada (que justifican la imputación de Cuenca por prevaricación y malversación de caudales públicos) "deberían ser investigadas, tras la deducción del oportuno testimonio, por los juzgados de instrucción competentes, a los que también corresponderá la valoración de la actuación de los contratistas". Es decir, el fiscal pide que se deslinden esos hechos de la causa del juez Vilaplana y que sean investigados en un juzgado de instrucción de Granada, que sería el lugar donde se habrían cometido los posibles delitos.

A juicio del fiscal (reiterado desde 2017 en varios informes, como ha publicado este periódico), mantener la investigación conjunta de todos estos posibles delitos "vulneraría" lo que establece la ley en relación con el juez ordinario predeterminado por la ley, "amén de la excesiva complejidad y dilación para el proceso que supondría centralizar la instrucción". 

El caso judicial, abierto desde 2013 en el Juzgado Instrucción número 6 de Sevilla, ya ha pasado por varias fases, unas más activas que otras, en las que se han practicado multitud de diligencias de investigación, como las averiguaciones de la Guardia Civil sobre la adjudicación de los contratos en la Junta de Andalucía y la toma de declaraciones de imputados y testigos, algunos hasta varias veces. En diciembre pasado el juez citó, a petición de los abogados de Cuenca, a nuevos declarantes.

Pero durante los últimos meses el asunto ha quedado pendiente de cuestiones menores y recursos (que no tienen que paralizar el proceso), a la espera de que el juez pueda estudiar a fondo el caso y dictar un auto que aclare el futuro de, entre otros investigados, el próximo alcalde de Granada, sea quien sea al final.  

Con esta coincidencia de momentos cenitales, tanto en lo político como en lo judicial, la incertidumbre que genera la imputación del alcalde en funciones podría desembocar en varios desenlaces surrealistas o hasta en un final abierto.

A saber: una negativa de Ciudadanos a apoyar la investidura de un alcalde investigado por delitos relacionados con la corrupción podría dejar descabalgado a Cuenca, el candidato más votado por los ciudadanos. Y podría darse el caso de que, sólo unos días después o en poco tiempo, el juez optara por apartarlo de la causa judicial. Lo que podría generar una de esas rechazadas injusticias de la justicia. 

El segundo escenario hipotético sería que finalmente Cuenca obtuviera los apoyos necesarios para mantenerse en el cargo (ya sea en forma de pacto de gobierno con Ciudadanos o mediante la no formación de otro bloque alternativo) y que el juez Vilaplana optara al final por procesar al ya alcalde oficial de la ciudad, camino de sentarse en el banquillo. 

Y el final abierto: que esa posible resolución negativa para Cuenca volviera a abrir un escenario de incertidumbres, dimisiones o mociones de censura en el Ayuntamiento de Granada, de las que ya ha tenido notables experiencias durante el último mandato.