El complejo formado por el club privado de pádel y tenis, conocido como Campus, y el edificio de investigación universitaria (IMUDS) que están en el PTS, cerca del centro comercial Nevada, se han levantado en los últimos años a través de un proceso cargado de irregularidades urbanísticas, constatadas ahora por los peritos de la Junta de Andalucía en un nuevo informe enviado a la juez del caso Nazarí. Los inspectores aseguran que esta instalación "contraviene" la ley y los planes urbanísticos de la ciudad, especialmente por estar construidos sobre una parcela que nunca debió dejar de ser pública y en la que se tenía que haber construido el gran equipamiento de uso deportivo para "todos los ciudadanos" en la zona sur de Granada.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada recoge desde hace casi dos décadas una reserva de terreno de 31.576 metros en la linde sur de la ciudad, junto al PTS, destinada a ubicar equipamientos públicos deportivos, para "uso y disfrute de los ciudadanos". Este suelo municipal, de carácter demanial (que no se puede vender, como las calles o las plazas de la ciudad), acabó siendo propiedad de la empresa de Roberto García Arrabal (investigado en esta causa judicial de presunta corrupción). Con las licencias y los trámites necesarios gestionados por el Ayuntamiento de la capital, la mercantil hizo un complejo deportivo privado, vendió los derechos constructivos de una parte de la parcela a la UGR e impulsó una residencia, también con el aval de la misma institución académica, en la parte que aún quedaba libre.

Los inspectores señalan que el centro de la UGR se hizo con más altura de la permitida

¿Cómo se transformó en todo esto el gran sistema general previsto para dotar a la ciudad de una gran instalación pública deportiva? Ésta es una de las cuestiones que se tratan de averiguar en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que investiga algunas de las grandes operaciones urbanísticas llevadas a cabo durante el gobierno del alcalde popular José Torres Hurtado. Aquella parcela deportiva que obtuvo a finales de los 90 el Ayuntamiento, tras los procesos de expropiación de los terrenos del PTS (dado que estaba destinada al interés general), fue cedida gratuitamente al Instituto de Fomento de Andalucía (dependiente de la Junta de Andalucía), que era la entidad pública que tenía la encomienda de urbanizar el Parque Tecnológico.

Pero este organismo vendió el solar de más de 30.000 metros cuadrados al promotor privado mediante un concurso encaminado a hacer un proyecto deportivo que en realidad no estaba definido entonces -según destacan los peritos- y se ha ido desarrollando con el paso de los años, adaptado a los "intereses lucrativos" del empresario, según exponen los inspectores en su informe. La sociedad de García Arrabal, que adquirió la titularidad del terreno, llegó a revender una parte a la UGR, hizo un club privado, un restaurante, y años más tarde consiguió que el gobierno local aprobase un cambio de las condiciones urbanísticas de la parcela para mejorar su posible rendimiento económico, según lo expuesto en el referido informe pericial.

De la lista de irregularidades señalada por los peritos, destaca como defecto prioritario y original la transmisión a manos privadas de esta parcela destinada a "equipamiento deportivo de carácter público", "que no puede ser objeto de tráfico jurídico" y que tendría que "satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con una finalidad de uso o servicio público". La transmisión del terreno "vulnera" algunos de los principios contenidos en la legislación reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas y no se ajustaría a las excepciones que se recogen.

Granada Hoy adelantó hace un año algunas de las primeras sospechas de los investigadores policiales de la UDEF como consecuencia del análisis de los documentos encontrados en los registros de las sedes empresariales de García Arrabal. Algunos de esos papeles son los que la Policía ha hecho llegar a los peritos de la Junta, que ahora han confirmado y ampliado algunas de esas primeras conclusiones policiales. Los "Negocios millonarios con terrenos públicos cedidos por la ciudad" (titular con el que este periódico publicó un amplio reportaje sobre este asunto) han resultado ser, a juicio de los peritos urbanísticos, operaciones que vulneran la ley y el PGOU, y que han privado a Granada de tener el gran equipamiento deportivo público previsto para toda la ciudad cuando se dibujó el último plan urbanístico, hace casi 20 años.

Pero no sólo estaría viciado el origen, con la transmisión a manos privadas de una parcela para uso público. A lo largo del tiempo se habrían ido sucediendo otra larga lista de presuntas irregularidades sobre las que algunos técnicos municipales hicieron informes negativos, pero que al parecer quedaron ensombrecidos por decisiones ejecutivas y autorizaciones de otros altos cargos, que sí dieron el visto bueno a lo ejecutado.

El Ayuntamiento otorgó las licencias de obras y de utilización al edificio de investigación de la UGR, lo que sorprende mucho a los peritos porque era un inmueble que no se ajustaba al uso obligatorio de equipamiento deportivo -aunque la materia tratada en los estudios que allí se realizan fuera esa-, porque está pensado para la práctica de deportes.

Además, los inspectores que colaboran con el Juzgado, que se han desplazado hasta las instalaciones para completar su trabajo, señalan que el edificio supera la altura máxima permitida en una planta de más. "Frente a lo dispuesto por los servicios municipales, dicho edificio no resulta autorizable", consta en el informe que ha recibido la juez María Ángeles Jiménez.

Después de estar construido y autorizado ese inmueble con una altura superior a lo permitido, García Arrabal tramitó un estudio de detalle (una herramienta de gestión urbanística) para toda la parcela completa, que en 2015 fue aprobado en pleno (con los votos de la mayoría absoluta del PP) y que es objeto de los principales reproches de los peritos. Sirvió para aumentar las alturas permitidas, flexibilizar las condiciones del subsuelo -donde tenía previsto hacer un aparcamiento- y otra serie de cambios que, a juicio de los autores del informe, "obedecen al propósito de la mercantil propietaria de materializar un mayor aprovechamiento urbanístico de la parcela" y obteniendo así mayores posibilidades lucrativas. Los cambios irían contra las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el PGOU y el Plan Parcial aprobado.

Los peritos también consideran que el proyecto que García Arrabal propuso en 2013, en el espacio que quedaba libre en su parcela para agotar toda la edificabilidad permitida, es una "actuación no autorizable". El promotor propuso a Urbanismo que autorizara allí la construcción de una residencia y mostró para ello un convenio firmado con el exrector Francisco González Lodeiro, en el que se establecían unos precios especiales para estudiantes universitarios durante los primeros años. Con este documento de la UGR como aval, el empresario proponía que la construcción propuesta encajara en la parcela deportiva como edificio de equipamiento comunitario para servicios de interés público y social. Los peritos judiciales aseguran ahora que esa actuación no era autorizable porque sería "contrario al ordenamiento jurídico".

La propuesta, que fue objeto de muchos informes técnicos municipales, no llegó a prosperar una vez que se hicieron públicas las críticas de la oposición municipal y se convirtió en un tema de debate. Al igual que el IMUDS (centro de investigación universitaria de la UGR), los inspectores de la Junta consideran que esa residencia no era compatible con los usos permitidos y ni siquiera se ajustaba al posible complemento de uso comercial (terciario) que la normativa permite en los terrenos deportivos. Ahí sí podría encajar el restaurante construido en esa parcela, según los peritos.