La profesora que llevó al juzgado la resolución de la rectora de la Universidad de Granada (UGR) por la que se cerraba el procedimiento interno de su denuncia de presunto acoso laboral sopesa llevar su caso de nuevo ante el juez a través de una querella por lo penal.

Según informó recientemente Efe, el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Granada ordenó a la Universidad de Granada (UGR) que abra y tramite un expediente disciplinario a raíz de la denuncia por supuesto acoso laboral presentada por la profesora titular de Literatura Hispanoamericana Milena Rodríguez Gutiérrez. Ante esta decisión judicial la UGR, a través de su rectora, Pilar Aranda, señaló que en estos días se analiza la sentencia para decidir si se recurre o no.

Por otra parte, según explica el abogado de la docente, Antonio Sánchez, "no se descarta" recurrir a la vía judicial, en este caso por lo penal, para que se determine si ha existido acoso laboral. En este caso, alegarían el daño a la dignidad que presuntamente habría sufrido la profesora, a la que se habría sometido a un "desgaste durante años". Uno de los "elementos de valoración" que tendrán en cuenta la profesora y su abogado será, precisamente, si la Universidad recurre o no. En el caso de que sea así, consideran que sería dilatar más en el tiempo el proceso.

La sentencia conocida esta semana y de la que informa Efe ha estimado de forma parcial el recurso de esta docente contra la resolución que desestimó otro recurso suyo frente a una decisión de la rectora de la institución académica, Pilar Aranda. En concreto, esta última sostuvo que, de la denuncia, no se deducían "indicios" de infracciones disciplinarias que pudieran justificar la apertura de un expediente disciplinario en las que pudiese haber incurrido el profesorado del Departamento de Literatura Española. El juzgado ha anulado ahora dicha resolución recurrida por "no ser conforme a derecho", y ha ordenado a la administración demandada (UGR) la incoación y tramitación del correspondiente expediente disciplinario, previa su completa instrucción para la depuración de los hechos denunciados.

En la sentencia se explica que Milena Rodríguez en febrero de 2020 presentó denuncia por acoso laboral de más de diez años dentro de su departamento, y pidió que se adoptaran con urgencia las medidas de investigación y de protección necesarias para que este cesara.

La Unidad de Igualdad de la UGR inició entonces un proceso de mediación al que la profesora renunció por entender que, ante este proceso de supuesto acoso laboral, se planteaba mediar entre las partes y colocaba "al mismo nivel" a la supuesta víctima y las presuntas conductas acosadoras, por lo que pidió la incoación de procedimiento disciplinario contra los denunciados.

Las conductas acosadoras denunciadas le estarían limitando, a juicio de la denunciante, su promoción profesional y académica, dado que se le habría impedido la docencia de Posgrado de su especialidad, obligatoria para conseguir acreditaciones como profesora titular y como catedrática. A raíz de su recurso, el Juzgado de lo Contencioso recoge en su resolución que, desde la referida denuncia, no se puede desconocer que se ha contado con "indicios y datos susceptibles en gran medida" de afectar al buen funcionamiento de ese departamento universitario y que demandan la apertura de un procedimiento sancionador.

En concreto, la jueza considera que la resolución, en este caso concreto, ha sido "del todo ambigua y contradictoria". Cree además que la existencia de "indicios iniciales" sobre la conducta denunciada es "suficiente" para incoar y tramitar un expediente disciplinario con todas las garantías legales, sin prejuzgar todavía la decisión final, que pueda esclarecer lo ocurrido. La jueza explica también que la estimación es parcial dado que, por la naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso administrativa, no es posible atender a la totalidad de lo solicitado en la demanda, que pedía que se declarara la existencia de acoso laboral y medidas disciplinarias.

Fuentes del Rectorado indicaron por su parte "en la sentencia no se indica que los hechos denunciados sean acoso, sino que habrá que abrir expediente disciplinario y en la instrucción del mismo se acreditarán o no los hechos denunciados". "La UGR acatará la sentencia en el momento que sea firme y se abrirá, en su caso, el procedimiento disciplinario, que implica el nombramiento de un instructor para realizar todas las averiguaciones y pruebas", prosigue la UGR que insiste en que "la sentencia solo estima la denuncia en parte. Concretamente, en lo relativo a que hay indicios para abrir un expediente disciplinario, pero ella pedía que se declarase que había acoso , que se impusiesen medidas disciplinarias y se le restauraran derechos supuestamente vulnerados, extremos todos estos que han sido rechazados".