El pasado 27 de febrero, la Universidad de Granada (UGR) rubricó un acuerdo con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla para que la institución académica granadina fuera la responsable de realizar pruebas de ADN a aquellos menores inmigrantes que, de manera irregular, llegaban hasta la ciudad melillense acompañados por adultos que decían ser sus padres. Aquel convenio fue posible gracias al programa DNA Pro-Kids impulsado por el catedrático de Medicina Legal de la UGR José Antonio Lorente. En la presentación del acuerdo, hace diez meses, la consejera de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma, María Antonia Garbín, reconoció que ya se había detectado un caso en el que el menor y el adulto no tenían ninguna relación familiar.

Las sospechas de que aquel caso correspondiera a una práctica más común de lo esperado -y deseable- se han confirmado durante los meses de trabajo conjunto entre Lorente y los responsables de Bienestar Social de Melilla. Según explica el profesor de la UGR, en el tiempo que lleva vigente el convenio -que se firmó en febrero pero que en realidad ha estado en práctica desde 2012- en "aproximadamente un 30%" de los casos analizados (una treintena) se ha determinado que la filiación entre el menor y el adulto que decía ser su familiar era falsa.

En cuanto a la situación que se ha detectado en Melilla, Lorente reconoce que el porcentaje de filiaciones fraudulentas "no me sorprende" ya que, según los estudios llevados a cabo sobre el tráfico de menores, entre el 30 y el 40% de los niños no están identificados.

En cuanto al motivo por el que las autoridades de la Ciudad Autónoma pusieron en manos de la UGR contrastar los datos de ADN de menores y adultos, el acuerdo se debe, según Lorente, a una cuestión económica, ya que estos análisis no suponen ningún coste para Melilla.

Sobre los motivos por los que se produce este tráfico de menores, que llegan a España a través de Melilla, Lorente reconoce que es un "tema complejo" aunque posiblemente los niños que llegan acompañados se destinen a "adopciones irregulares".

En cuanto a la situación que se da en el resto de España, Lorente señala que se ha realizado algún análisis de ADN "de forma puntual", concretamente en colaboración con la Cruz Roja de La Coruña, sin que, de momento, este tipo de pruebas se realicen ni en Granada ni en Motril -a cuyo puerto llegan las pateras interceptadas por la Guardia Civil-. En estos casos, el único análisis médico que se realiza a los menores son las conocidas pruebas oseométricas, que determinan si, realmente, tienen menos de 18 años.

"En Melilla éste es un problema acuciante", destaca el impulsor del DNA-Prokids, al que se han acogido desde su puesta en marcha en el año 2009 18 instituciones de trece países, todas ellas implicadas en erradicar el tráfico de menores. Destaca México, con cinco estados -Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y Chiapas- además de la Procuraduría General de la República dentro del programa. En la base de datos cuentan con más de 9.000 muestras, que han permitido la identificación de más de 700 niños, según los datos ofrecidos en este periódico por Lorente el pasado mes de mayo.