La psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Maracena que atendió a Juana Rivas, la mujer que permanece ilocalizable tras no entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, desaconseja "vehementemente" la restitución de los menores al progenitor por el "grave daño" que ello podría suponerles.

En una carta abierta remitida a los medios de comunicación, junto con los informes oficiales, la psicóloga María Teresa Sanz señaló que Rivas "tiene un perfil de personalidad completamente normal" y "sana" y que la relación que mantiene con sus hijos es "excelente".

La psicóloga está formada en violencia de género por el Colegio de Psicólogos y el Instituto Andaluz de la Mujer, con experiencia desde hace 20 años en la materia. Conoció a Rivas en el verano de 2016, atendiéndola desde entonces por las "secuelas del maltrato".

"Ella tenía un miedo terrible a que él cumpliera las amenazas que le había hecho de que, si lo abandonaba, la iba a perseguir judicialmente y le iba a amargar la vida con abogados", agregó Sanz. Durante el tiempo de terapia, la madre de Maracena "estaba respondiendo favorablemente al tratamiento", hasta que llegó el requerimiento judicial que la obligó a devolver sus hijos al padre, residente en Italia.

Ello habría supuesto "regresar al terreno del maltratador, donde estaría de nuevo aislada y él podría seguir controlándola y dominándola", agregó la experta, que subrayó que "el padre de sus hijos cumple con el perfil del maltratador al instrumentalizar a los niños para conseguir su objetivo".

También atendió al hijo mayor, derivándolo al Programa de Atención Psicológica a Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Junta. Durante el periodo de separación del padre y de tratamiento, el niño ha mejorado las secuelas producidas por la "agresividad" que el niño habría presenciado del padre hacia la madre, dice.

Los informes sobre el caso "no han servido para proteger del maltratador a Juana y a sus hijos, por errores judiciales y por el desconocimiento del estatuto de la víctima", lamenta Sanz,y critica que "esta situación vulnera los derechos fundamentales".