La sede de la Delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada ha sido el lugar donde se ha consolidado la mesa de trabajo por la calidad del aire en Granada y área metropolitana y de donde han salido los primeros pasos a seguir para dar cumplimiento a la Estrategia Andaluza de Calidad de Aire (EACA). Esta primera reunión ha servido para establecer el cronograma y las pautas a seguir en este proyecto, que pretende conseguir reducir la polución en la atmósfera de la capital y su cinturón, encarando el problema con una perspectiva conjunta, no de manera localistas e individual de cada municipio.

De esta manera, se ha encargado un estudio preliminar que arroje luz sobre cuáles son los motivos causantes de que Granada sea la ciudad más contaminada de Andalucía, cuya fecha de entrega está prevista para febrero de 2022. Con estos datos, todas las instituciones afectadas comenzarán la redacción de un Decreto participado donde se establecerán las medidas a tomar y qué ente debe llevaras a cabo, con fecha estimada de entrega para finales de 2022. Una vez definidas estas medidas, el tercer punto está encaminado a conseguir la financiación, a través de fondos europeos, para que cada municipio pueda poner dichas soluciones en marcha. Estas serán de dos tipos, unas de carácter urgente, a modo de plan de choque, y otras estructurales, a medio y largo plazo, para evitar la acumulación de polución en el aire.

Esta primera reunión, que ha tenido como anfitrión al delegado del gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, ha contado con la presencia de las consejeras de las dos consejerías con mayor implicación en este asunto, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, por una parte; y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, por la otra. Además, el foro ha tenido la asistencia del alcalde de la capital, Francisco Cuenca, junto con la de otros municipios del área metropolitana, como Las Gabias, Albolote, Atarfe, Churriana, Ogíjares Huétor Vega, Alhendín, Cájar, Otura, Jun, Armilla, Santa Fe, Monachil, entre otros.

En sus respectivas intervenciones, Francisco Cuenca ha reseñado que “ya es un poco tarde para estudios preliminares, cuando se sabe cuáles son los causantes principales de la polución”. Según el alcalde de Granada, “hay una parte de diagnóstico que está hecha y aporta que el 70% de la mala calidad del aire se produce por la emisión de co2 a la atmósfera de los vehículos, privados; el 15% es por el parque de calderas antiguas en las comunidades de propietarios, en edificio; y el 7% son emisiones de quema de rastrojos en el ámbito metropolitano”. Por ello, demanda a la Junta de Andalucía que trabajen “desde ya en medidas ya para limitar la que de rastrojos en la vega; en la revisión del POTAUG; porque la ordenación de territorio tiene que ir de la mano del transporte público; y en un plan especial de la Vega”.

Por su parte, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha señalado que “Tenemos que trabajar en el transporte público, porque es uno de los aspectos fundamentales para acabar con la mala calidad del aire”. Nos ha obligado a tomar medidas a corto y medio plazo y tomar medidas urgentes para favorecer el uso del transporte público, acordadas con el Ayuntamiento de Granada y con el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana”. Aunque Carazo ha subrayado que lo más importantes es “recuperar la confianza de los usuarios que se han perdido durante la pandemia con campañas de sensibilización”.

La encargada de coordinar el acto, debido a que su Consejería es la que más competencias tiene en cuanto a la calidad del aíre, Carmen Crespo, ha sido quien ha fijado el calendario del plan en esta primera reunión. Crespo ha mandado un mensaje de “tranquilidad”, puesto que “llevamos trabajando desde que llegamos en 2019 y con este grupo de trabajo vamos a definir todo lo que vaya al Decreto, que es lo que tendremos que cumplir todas las administraciones dentro de nuestras competencias”. A su vez, Carmen Crespo ha marcado los pasos a seguir, que son “el encargo de un estudio preliminar, que estará en septiembre; la redacción participada de un Decreto para definir qué tenemos que hacer y cumplir; y la petición de fondos para aplicar las medidas necesarias en los municipios y adaptarlos a los cambios”.

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