El caso Serrallo tardará algún tiempo más en llegar a la Audiencia Provincial para la preparación del juicio oral. La jueza que ha instruido la causa desde 2014, María Ángeles Jiménez, acaba de dejar sin efecto el envío del sumario, que ya había acordado a finales de septiembre, porque tiene antes que resolver algunos recursos de los investigados contra la imposición de los dos millones de euros de fianza solidaria.

Aún quedan algunos flecos pendientes en este complejo caso, como un recurso de la Fiscalía contra la decisión inicial del Juzgado de no transcribir todos los vídeos donde se han grabado las declaraciones judiciales de todos estos años de instrucción. El Ministerio Público hizo esta petición antes de verano de cara a los preparativos del juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial. El letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 2 de la capital rechazó la petición, lo que sumó este caso a una polémica general que se está dando en algunos asuntos que llegan a la Audiencia de Granada y en los que se han utilizado los medios audiovisuales para la toma de declaraciones. La Fiscalía ha recurrido y el asunto tendrá que resolverse antes de que el sumario del caso Serrallo sea enviado al tribunal provincial para la preparación del juicio oral. Si al final se ordena la transcripción de los vídeos, el caso tardará mucho más en ir a juicio, dado que los propios letrados ya han advertido que es un trabajo que requeriría mucho tiempo y dedicación a los juzgados de instrucción. La Fiscalía, por su parte, alega que no hay medios técnicos a su disposición para preparar adecuadamente los juicios con el material audiovisual sin transcribir al papel.

De otro lado, precisamente la Audiencia acaba de estimar parcialmente dos de las quejas presentadas por los investigados sobre la imposición de la fianza de dos millones de euros que acordó la jueza de instrucción en el auto de apertura de juicio oral de mayo de este año. En realidad lo que el tribunal ha decidido es requerir a la jueza a que resuelva y se pronuncie sobre los recursos de los afectados, algo que en un principio no se llegó a hacer al considerar que ese auto judicial no es recurrible. Los magistrados de la Audiencia consideran que, aunque efectivamente contra esa resolución no cabe recurso, sí se podría haber tramitado la imposición de fianza a través de una pieza separada que sí permitiría a los investigados recurrir la decisión de la jueza. De ahí que la magistrada tenga ahora que dar un pequeño paso atrás y responder a los recursos de algunos de los investigados sobre ese asunto en particular. Si no son estimados, cabe la posibilidad de que los afectados vuelvan a recurrir a la Audiencia, que ahora sí se tendría que pronunciar sobre el fondo de la cuestión, que es la imposición de dos millones de euros de fianza a pagar de forma solidaria entre todos los presuntos implicados y posibles partícipes a título lucrativo.