Viernes 18 de agosto del año 2000. Motril, en plenas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza, a un par de horas de que Café Quijano ofrezca un concierto en el municipio. Eran sobre las 21:30 horas cuando Antonio Fernández dejó a su hija María Teresa, de 18 años, en un semáforo de la Avenida de Andalucía, a 200 metros de una parada de autobús en el centro de Motril. Mientras esperaba, la joven envió un mensaje a su novio: "Puede que tarde, pero voy. Espérame". Rubia, de cabello largo, delgada y de metro setenta de estatura. Llevaba un pantalón largo burdeos, una camiseta de tirantes color azul marino y unas zapatillas de deporte. Incluso fue vista por unas amigas unos 20 minutos después de que se despidiese de su padre. Estaba sola, a unos 70 metros de la parada del autobús que tenía previsto coger para ir al recinto ferial. Allí había quedado con unos amigos, vería el concierto y al terminar, se encontraría con su hermana para volver a casa. Pero nunca apareció.

Apenas faltan un par de meses para que se cumplan 18 años de ese día, pero todos recuerdan como si fuese ayer este caso que dio la vuelta a España e incluso traspasó las fronteras nacionales. Aún hay comercios, negocios e incluso parkings de Motril en los que sigue colgado el cartel con la foto de María Teresa, acompañado de un "Desaparecida", porque por más que pase el tiempo "nunca una desaparición se da por archivada. Siempre hay indicios o formas de reactivar la búsqueda y cada año se va revisando. Todo se investiga, una desaparición ni se archiva, ni se guarda en un cajón, ni se olvida".

La coordinación entre todos los cuerpos de seguridad, algo vital en este tipo de casos

Así lo explicó a Granada Hoy el comisario de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Granada, Juan de Dios Piedra, que insiste en que Granada, pese a que se postula como la segunda provincia de España con más denuncias activas por desapariciones, "el perfil mayoritario es el de menores que se encuentran internos y se escapan de los centros, o personas mayores o con discapacidad. Además existen otras personas que se marchan por problemas laborales o familiares, la familia denuncia la desaparición, pero que se han ido por voluntad propia. Todas estas son las mayoritarias pero se encuentra a prácticamente todos".

La provincia cerró el 2017 manteniendo activas un total de 655 denuncias por desaparición, tal y como recoge el último Informe de personas desaparecidas elaborado por el Ministerio del Interior. Las cifras muestran que Granada, en el cómputo global de este tipo de casos, incluso está por delante de poblaciones con un territorio mayor, como son Barcelona -con 362-, Málaga -301-, o Madrid -281-, pero además, también destaca en el aspecto de desapariciones de menores. De nuevo, la provincia vuelve a ocupar el segundo puesto nacional, con más casos de menores desaparecidos con un total de 352, siendo la primera Cádiz, como ya le ocurre en el global, con 840. Al igual que explicó el comisario de Policía Judicial, esta cifra está ligada a la disposición de centros de acogida de menores en dichos lugares.

Cuando una denuncia por desaparición llega a la Policía Nacional en Granada, la investigación de recae sobre el inspector Fernando Soto, el jefe del grupo de Homicidios de Granada, que confirmó que "todo el tratamiento a las personas desaparecidas es algo que se ha vuelto prioritario, ya que se entiende la problemática y desasosiego que supone una desaparición". Bien es cierto que, como ya demuestran los propios datos del Ministerio de Interior, una desaparición no tiene por qué estar relacionada con una etiología criminal, si bien, tal y como explicó Soto, "desde la Policía se le da una importancia prioritaria a la investigación". Pero, ¿cuándo se debe denunciar una desaparición? La respuesta es clara: de forma inmediata.

"Se escucha mucho que hasta que no pasen 24 horas no se puede denunciar y eso es un error", explica el comisario, que junto al jefe de Homicidios, ambos coinciden en que "cuando una persona desaparece, lo primero que hay que hacer es denunciar de forma inmediata".

Al formular una denuncia, existe un procedimiento para su registro. En concreto, existe una aplicación informática que recopila una serie de datos que puedan aportar la mayor cantidad de información posible sobre la persona desaparecida, como las características físicas, vestimenta, entorno social, laboral o familiar.

"Una vez se formula esa denuncia, el funcionario que la recoge tiene que hacer una primera valoración", explica el jefe de Homicidios, todo ello "en base a las circunstancias de la desaparición". Es decir, si la denuncia se cataloga de alto riesgo o riesgo limitado. En este sentido, los investigadores han mucho hincapié en un aspecto: "Nunca una denuncia de desaparición se considera sin riesgo, todas se tratan y se investigan".

Para valorar el riesgo de una desaparición se miden diversos factores. "Primero, se diferencia si los desaparecidos son de mayores de edad o menores. Los segundos siempre se catalogan como alto riesgo por la idiosincrasia de la persona", expone el inspector, si bien existen excepciones, como "aquellos casos de personas que están en centros en los que se dan fugas, como por ejemplo ocurre con menores internos", aspecto en el que destaca Granada.

Si la persona es mayor de edad, prosigue el jefe de Homicidios, "las de riesgo limitado son aquellas que han expresado su voluntad de irse, que han avisado a alguna persona de su intención; aquellos que ya se habían ido en episodios anteriores, o que se marchan por sus problemas".

Pero sin duda alguna, las "más preocupantes" son las de carácter criminal, es decir, cuando existen indicios de que no se trata de una marcha voluntaria, sino que sea forzosa porque la persona desaparecida pueda estar retenida por otra persona.

"Hay personas que se marchan de forma voluntaria pero que tienen alguna enfermedad mental, que están siguiendo un tratamiento médico y corre peligro su vida", expone el inspector, que confirma que "todas estas también se consideran de riesgo alto, independientemente de que sea una marcha voluntaria, ya que existe un peligro para la persona y se entiende, además, el problema que eso conlleva para los familiares". Tras ello, la denuncia pasa a ser analizada por el grupo de Homicidios que comprueba que se ajusta a los criterios de riesgo. Una vez se hace esa primera valoración, se informa al grupo de Homicidios y a partir de ahí se comprueba que se ajusta a los criterios del riesgo, y se inicia la investigación: "Lo primero que se hace es una puesta en conocimiento de la alerta al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Protección Civil, 112...), para que todos tengan conocimiento de que una persona ha desaparecido en circunstancias extrañas y no sabemos donde puede estar", indica el inspector Soto, que además puntualiza que "se pone un señalamiento a las bases de datos informáticos a nivel nacional e internacional".

Precisamente, esta última base fue creada en el año 2010 y en ella se alojan datos sobre personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. En dicha base de datos, tal y como indica el comisario Juan de Dios Piedra, "se hace un cotejo con los datos que ya hay, para que todas las fuerzas de seguridad tengan conocimiento de ello".

"La coordinación entre todos los cuerpos de seguridad es muy importante", explica el comisario, al igual que también lo es "la comunicación con la familia, ya que el raptor puede ser del entorno, pero también porque es importante tenerles informados. El investigador tiene contacto con ellos, e incluso se les investiga, con mucha cautela, si se tiene constancia de que algún familiar pueda estar implicado".

En este sentido, el jefe de Homicidios puntualiza que, cuando hay una desaparición, "los investigadores no conocemos ni al denunciante, ni a la persona desaparecida. Lo más importante de todo es que el grupo se ponga a investigar y de ahí, lo primordial es obtener información". Después, se analiza lo recopilado y se plantean las hipótesis: qué ha podido pasar, cómo, por qué... Todo ello para saber qué técnicas de investigación se deben emplear, que en ciertos casos, requieren la autorización judicial.

Por todo ello, los investigadores insisten en la importancia de denunciar desde el primer momento, aunque al final todo quede en un susto, como ocurrió con una pareja de estadounidenses que, mientras visitaba la Alhambra, el matrimonio se dividió, la mujer puso una denuncia sobre la pérdida de su marido. Lo que finalmente había pasado era que el hombre, tras despistarse, en vez de volver a su hotel, cogió un taxi, llegó a Barcelona y se volvió en avión a EEUU. Una desaparición anecdótica para los investigadores, que al final solo quedó en un susto.