Según los testimonios ciudadanos, la especialidad más tortuosa es la de Traumatología, no solamente por el dolor crónico e invalidante que suelen acarrear las lesiones de este campo, sino porque para conseguir entrar en una primera consulta de diagnóstico con un traumatólogo parece que hay que tener la paciencia del santo Job.

R. S. tiene 80 años y un problema de rodilla. Pasó de andar con normalidad a estar sentada en un sillón por la hinchazón y el dolor que sentía en su pierna. Como en cualquier otra ocasión pidió cita a su médico de cabecera quien le remitió a un traumatólogo. A la hora de pedir la cita con el especialista obtuvo una respuesta recurrente en los mostradores de los centros de salud: "ahora mismo la agenda está cerrada, le mandaremos su cita por correo". Sucedió el 16 de julio cuando R. S. pidió ver a este especialista, y llegó a finales de septiembre sin que le hubieran dado una fecha. Finalmente esta mujer tuvo que renunciar y acudir a un médico privado ya que debido al dolor había quedado fuertemente impedida. Tras visitar al especialista privado comenzó inmediatamente un tratamiento que sigue en la actualidad.

Los pacientes tuvieron que recurrir a la sanidad privada como opción más rápida

R. S. avisó a la administración pública para que le dieran de baja de esa lista de espera previa a la lista real para no perjudicar al resto de pacientes. Esto no es obligatorio pues todo el mundo tiene derecho a hacer uso de la sanidad pública y de la privada al mismo tiempo.

Las lesiones de rodilla son de las más frecuentes y afecta a población de una franja de edad muy amplia. El caso de C. P es bastante usual. Hombre de 48 años y deportista que tras una caída tuvo que acudir a Urgencias por el fuerte dolor de rodilla. En el hospital le dijeron que tenía que ver a un traumatólogo, después de un "ya le avisaremos" en el momento de pedir la cita, pudo saber que en ese momento -principios de septiembre- las agendas estaban tan congestionadas que acababan de dar las citas de gente que las pidió en abril.

"La gente se abruma y busca otras vías", dice C. P., tanto que él mismo tuvo que recurrir también a las consultas privadas para evitar la espera de más de diez meses que le auguraban desde el SAS. Sus motivos tenían una doble vertiente: primero no podía permanecer con dolor y segundo, no podía estar de baja laboral durante todos esos meses.

Finalmente C.P. acudió a un traumatólogo facilitado por la mutua de su empresa, que según su testimonio, en un mes le hicieron pruebas, dieron el diagnóstico y comenzaron con la rehabilitación. Esta es una de las situaciones en las que no solo por el dolor y la incapacidad, sino por una cuestión de operatividad laboral, el clavo ardiendo resulta ser la empresa privada. Lo que choca de frente con "los principios e ideales de la sanidad pública", quien en casos como estos 'fuerza' al ciudadano a tener que pagar su sanidad.