Si hay un nombre destacado cuando se habla de muerte digna y de la ley andaluza ése es el de Pablo Simón. Experto en bioética y miembro de varios comités de ética, el profesor de la Escuela de Salud Pública fue uno de los redactores junto a Francisco Alarcos del documento de trabajo encargado por la Comisión Autonómica de Ética e Investigación en 2008. Un documento que fue el punto de partida de la tramitación de la ley y sobre el que se asienta en buena parte el contenido de los artículos recogidos en la norma. Vivió el caso de Inmaculada Echevarría en primera persona, la redacción de la ley y su debate y, una vez aprobada, hasta sus secuelas. No en vano, está asesorando a otras comunidades en la creación de sus propias leyes y es un reclamo en debates y jornadas sobre muerte digna no sólo en España sino en todo el mundo.

La valoración de Simón sobre el primer año de la ley andaluza de muerte digna es muy positiva aunque reconoce que "es poco tiempo un año para saber cómo ha funcionado" más cuando se necesita también generar cambios de mentalidad sobre el tema. Lo que sí tiene claro y defiende a pies juntillas es la necesidad del proceso legislativo andaluz "en contra de lo que se llegó a decir de que era una ley innecesaria. Todas esas críticas se ha demostrado que eran infundadas".

Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada, están realizando un estudio en el que se exploran diversas cuestiones de la ley y se pregunta a los profesionales su opinión. "Y todos la respaldan de forma unánime", sentencia Simón.

Pero es más, la ley está siendo referente para otras comunidades e incluso otros países mundiales. "En países como Bélgica y hasta en EEUU están pendientes del desarrollo y aplicación de la ley porque es muy interesante y recoge términos y aspectos que hasta ahora no quedaban claros". Además, según Simón, la creación de la ley "ha sido modélica".

De hecho, a raíz de la norma andaluza hay otras dos comunidades tramitando sus propias leyes, Aragón y Navarra. La de Navarra está aprobada por la Mesa de Sanidad y la de Aragón ya ha sido publicada en el BOP de la comunidad y pronto entrará en vigor. En comparación, "la andaluza es más precisa que la de Aragón pero por matices, como incluir la limitación del proceso terapéutico. En cambio, la aragonesa incluye un concepto nuevo, el de planificación anticipada de decisiones, que viene a decir que no importa tanto el testamento vital sino el proceso de comunicación entre médico y familia, algo muy interesante. En cuanto a la de Navarra, es muy parecida a la andaluza".

La ley de Andalucía también está sirviendo como base de la ley nacional que prepara el Gobierno y que "marcará unos mínimos de actuación" de obligado cumplimiento para las comunidades que no tengan ley propia. Las que tengan normativa regional, tendrán que hacerla compatible.