El Juzgado retendrá los casi 100.000 euros intervenidos a García Arrabal y que ahora pide para pagar al equipo de abogados que lo representa.

La evaluación pericial confirma las cifras de facturación del grupo empresarial: casi 800.000 euros adicionales al contrato ordinario en los tres últimos años del anterior gobierno del PP. La acusación popular pide al juez que mantenga las imputaciones de los representantes municipales y el empresario.

Los primeros dos positivos en SARS-CoV-2 de Andalucía se registran el 26 de febrero de 2020, uno en Granada y otro en Sevilla. Sólo unos días después, entre el 1 y el 8 de marzo, se sumaba otra media docena de infectados en esta provincia. Pero entonces no lo sabíamos. Ni siquiera aparecieron en los registros de Salud como casos confirmados en esas fechas hasta muchos meses después. Los diagnósticos y las primeras muertes llegaron en tromba a mediados de mes, nos arrollaron y ahí comenzó un año que recordaremos como uno de los peores de nuestras vidas. Arrancó una batalla contra un enemigo invisible que en Granada se ha llevado 1.500 almas de un plumazo.

La jueza resuelve que la institución sea a la vez "acusador y acusado" para responder de las posibles ilegalidades de sus funcionarios, aunque a la par "está claro que existe un interés público lesionado". Ya consta una pericial de parte que reclama 9 millones de euros.

Las flamantes oficinas de los populares, en alquiler desde 2013 y compradas en 2018, están salpicadas de investigaciones judiciales colaterales.

La operación entre García Arrabal, el Banco Popular y las 'offshore' de Luxemburgo aparecen en los informes policiales del caso Nazarí. Salpica al edificio Progreso del Zaidín, donde el PP instaló su gran sede, primero en alquiler y luego con la sorpresiva compra anunciada en 2018 durante la presidencia de Sebastián Pérez.

Se sentarán en el banquillo del exalcalde, la exconcejal Isabel Nieto y un antiguo alto cargo de Urbanismo. La pieza separada del caso Nazarí tendrá como ponente a una magistrada que ya participó en el juicio del caso Serrallo.

Reconocido como el mejor médico internista de España por segundo año consecutivo, Manuel Menduiña recibe la noticia en un momento muy complicado y quiere compartirlo con todo el personal sanitario que "pone su corazón, su alma y su vida" en esta pandemia.

Los dos usuarios de redes sociales daban los datos y la foto de un hombre como autor de supuesto suceso, una información que les llegó de una "compañera de trabajo".

La petición pone como ejemplos similares el papel del PP en el caso Gurtel, el de la Junta en los ERE o el del Ayuntamiento de Atarfe en Medina Elvira, que fueron apartados por no ser verdaderas acusaciones.