Mi compromiso es regenerar la vida democrática y hacer un Consejo General del Poder judicial verdaderamente independiente". ¿Quién lo iba a decir, verdad? Como siempre. Pedro el Grande. O al más puro estilo de Fray Luis de León, como decíamos ayer, Supersánchez. Claro que en las alturas, uno nunca sabe lo que deben significar términos como "verdadero", o "independiente". Y mejor que no lo explique Don Pedro, porque difícilmente entenderemos cómo argumentar que se trata de un órgano independiente, cuando incluso conocemos ya al Presidente de un órgano que nombrará los vocales que realizarán esa designación en un proceso que no termina hasta el tres de Diciembre. Sigo pensando que los discursos políticos se construyen sobre la base de considerar que los ciudadanos somos bobos.

Las Asociaciones de jueces hablan de acuerdo aberrante y vergonzoso. La Francisco de Vitoria incluso anuncia recurso (ya lo hizo también en la pasada elección) acusando a Partido Popular y Partido socialista de saltarse a la torera lo dispuesto en la L.O.P.J.. Sólo Ciudadanos resiste el envite y renuncia a mantener una estrategia de control administrativo y legislativo sobre el poder judicial. (Podemos aún trata de colocar a sus peones mediante el ya tradicional intercambio de cromos presupuestarios). Gobierno de jueces para los jueces; lo que inicialmente puede no estar exento de razón siempre y cuando se posibilite suficiente representatividad a todos cuantos directa o indirectamente cohabitan en aquel ejercicio de poder.

El interés político en dominar no es ciego. Y la burla que puede suponer a nuestro estado de derecho tampoco. No faltan voces, incluido el Consejo de Europa, que tratan de primar esa independencia cuando establecen la cifra mínima del cincuenta por ciento de miembros que no pueden ser elegidos por los partidos políticos. Queramos o no, la independencia judicial, vista la forma de elección y las competencias y facultades del Consejo, seguirá siendo una quimera. Y no está mal decirlo, pensarlo y ejecutarlo. Es una opción política como cualquier otra. Lo que está mal es engañar al ciudadano. Si no se cree en la independencia de los tres poderes, dígase. Si sostenemos que un estado democrático debe articularse sobre el control de algún poder sobre otro, legíslese y hágase. Si pensamos que el poder judicial debe someterse a ese control ideológico, refórmense los textos legales, incluida la Constitución. Puede ser lícito si los ciudadanos dan su visto bueno, lo que, evidentemente Sres. Sánchez e Iglesias, destierra e imposibilita al Decreto-Ley. Por si acaso.

Pero no sigan engañando al ciudadano. El hartazgo ya es supino. La estupidez ya aflora en todo el panorama político. Incluida la de quienes con su voto favorable en la determinación de los miembros del Consejo, deberán taparse las nariz para depositar un voto favorable al magistrado que precisamente les sacó del poder, al que hizo tambalearse todas y cada una de las estructuras populares de un partido que, a día de hoy, y si las encuestas no mienten (que seguro que lo hacen), aún no se ha repuesto del batacazo. No sé lo que opinarán, pero, la verdad, oler bien, no mucho, la verdad. Y tampoco sé, aunque imagino, cómo se lo habrán tomado desde el Registro de la Propiedad algunos de sus compañeros salientes.

Tenemos lo que nos merecemos. Lo que permitimos cada cuatro años. Aun a pesar de los pesares. Somos igual de inconscientes que quienes aupamos en el poder. Que nos sigan manipulando cada cuatro años. Una y otra vez. Al final la política se convertirá en el arte de hacer creíble lo increíble. Digo yo que al menos nos quedará el consuelo de lo que dijo, no sin cierto desasosiego, Abraham Lincoln: "Se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo". Y como también decía el cura de mi parroquia al final de su homilía, que así sea.