En mis artículos de opinión, he denunciado en muchas ocasiones la parálisis y la falta de planificación a la que nos tienen acostumbrados desde la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Curso tras curso, los docentes andaluces se “buscan la vida” como pueden para llevar a cabo su trabajo mientras la Consejería habitualmente no hace el suyo. En esta ocasión hablamos de los decretos de desarrollo de la LOMLOE, algo que están haciendo todas las Comunidades Autónomas como es su obligación menos Andalucía, que de esta forma se convierte una vez más en la última de la clase.

El pasado siete de abril la Viceconsejera les trasladaba a los representantes del sector del libro (editores, distribuidores y libreros) que el próximo curso los estudiantes andaluces continuarán con los manuales que han tenido hasta ahora y que desarrollan los contenidos de la LOMCE (Ley educativa del PP). En otras palabras, que Andalucía será la única comunidad que no adaptará los contenidos a la nueva ley (LOMLOE), aprobada en diciembre del 2020. La Viceconsejera aseguró que no hay tiempo material para desarrollar la parte del currículo que corresponde a Andalucía (el 40%) y que además no había previsión presupuestaria. Decir que “los libros de texto son perfectamente válidos” es engañarse y querernos engañar.

Hay en la nueva ley modificaciones en contenidos y en metodologías, y la estructura curricular aborda las materias desde un plano competencial, algo que no se cumplía en el anterior currículo. En definitiva, en este momento y si las futuras elecciones en Andalucía no lo remedian, los decretos de adaptación curricular autonómica no estarán hasta el curso 2023/24. Esto no tiene ninguna justificación, salvo que evidencia el poco trabajo de la Consejería, la falta de previsión y la nula planificación.

La pregunta que nos podemos hacer es muy sencilla, ¿cómo el resto de Comunidades Autónomas han tenido tiempo y previsión? La respuesta también es fácil, planifican y trabajan para preparar el próximo curso 2022/23 y cumplen la legislación vigente (LOMLOE), aquí gracias al Gobierno paralizado del señor Moreno Bonilla, no cumpliremos con el calendario de desarrollo de la nueva ley y una vez más seremos los últimos de la fila y además seremos unos insumisos ante la nueva Ley educativa (LOMLOE).

Al profesorado una vez más, se le pide un sobreesfuerzo al no contar con los materiales educativos adaptados, y en definitiva toda la comunidad educativa sale perjudicada. Los padres y madres y el alumnado, pagan las consecuencias de un mal gobierno, y de un trabajo no hecho por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Al quedarse anclados en la LOMCE, y no cumplir la ley vigente (LOMLOE), tiene consecuencias negativas para nuestros niños y niñas andaluces.

Antes de que finalice el presente curso, en el mes de junio, están previstas las oposiciones de los maestros. Deseamos que los tribunales estén formados y no tener ningún problema digno de mención. Salvo que algún “inteligente del Gobierno Andaluz” se le ocurra hacer coincidir las oposiciones con las elecciones. Entonces estaríamos ante el enésimo problema y no tendrían a quien echarle la culpa, bueno si, habría que echarle la culpa al que convoque las elecciones.

Tras el proceso de matriculación, este verano confirmaremos el número de unidades que se pierden con este Gobierno, por supuesto de la educación pública. Parece que el descenso de la natalidad no afecta a los centros concertados y privados, que suerte o que bien “planificado”.

Han desaprovechado una magnifica ocasión para bajar la ratio y de paso no cerrar unidades y mejorar de verdad la calidad de la educación.

En los meses de julio y agosto toca la colocación de efectivos, que en los años de oposiciones de magisterio es menos laboriosa de organizar, al contar con menos especialidades que en Secundaria y Formación Profesional.

En septiembre, empezaremos el nuevo curso 2022/23, y el trabajo no realizado en su día por la Consejería de Educación y Deporte (los Decretos de desarrollo de adaptación curricular autonómica, etc.), querrán arreglarlo con sus famosas Instrucciones para el Inicio de Curso. Quiero pensar que son conscientes del rango legal de dichas instrucciones, que nunca pueden sustituir a Decretos, y mucho menos a la ley educativa vigente, la LOMLOE.