El Gobierno, dice la Constitución, cesa tras la celebración de las elecciones generales o en los casos de pérdida de confianza parlamentaria. Y es esto lo que ha sucedido tras aprobarse la moción de censura contra Mariano Rajoy como consecuencia de la sentencia del caso Gürtel en la que se constata la existencia de un sistema institucionalizado de corrupción. La censura ha prosperado con amplia mayoría absoluta del Congreso.

Por encima de cualquier otra consideración, me parece un logro que el modelo de responsabilidad política gubernamental adoptado por la Constitución se haya activado para hacer frente a la corrupción. Entre las "derivaciones patológicas" del sistema de partidos, una de las más preocupantes es la oleada de escándalos de corrupción relacionados con la financiación ilegal que ha eclipsado la vida política en casi todas las democracias durante las últimas décadas. La erosión en la legitimidad de las instituciones es manifiesta. A diferencia de otros países cercanos como Italia o Francia, donde el vendaval de escándalos ha dado lugar a importantísimas modificaciones de la financiación partidista, en España sigue vigente una regulación con profundas limitaciones. Los partidos se financian mayoritariamente con dinero público, aunque se admite la financiación privada. Es muy discutible que el modelo público o privado de financiación favorezca una mayor o menor corrupción, pero está claro que la regulación española es manifiestamente mejorable (elevado nivel de gastos de los partidos, falta de transparencia e ineficacia de los controles en algunos ámbitos de la actividad administrativa como la contratación pública). Ojalá la sentencia Gürtel y el triunfo de la moción de censura signifiquen algo en esta dirección. Tengo mis dudas.

Por otro lado, añade la Constitución, el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. El Gobierno en funciones facilitará el traspaso de poderes y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar cualesquiera otras medidas de calado político. El Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya. El Gobierno cesante no gobierna, sus facultades se ven notablemente recortadas. En cambio, el nuevo gobierno ejerce plenamente la función gubernamental, empezando por el nombramiento de los altos cargos de la Administración del Estado y el impulso de la actividad legislativa.

La paradoja del momento es que podemos estar asistiendo al nacimiento de un nuevo gobierno, por así decir, en funciones, con extraordinaria dificultad para adoptar actos de orientación política. Como afirmaba el viernes mismo Le Monde, no parece que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez vaya a ser un gobierno duradero. Es posible que legítimamente aproveche los próximos meses para llegar bien posicionado a las próximas elecciones, que no tienen fecha, pero que podrían celebrarse en el otoño o la primavera próximos. Según Le Monde, Sánchez podría abrir algún tipo de diálogo con Cataluña con "medidas simbólicas" y hacer también alguna "concesión" a otros partidos. El nuevo gobierno mantendrá, desde luego, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 elaborado por el gobierno popular y que rechazaba hace tan sólo una semana. Lo simbólico no es desdeñable, pero parece evidente que el único cemento que une a las formaciones políticas que han apoyado la censura es el rechazo a Rajoy. Las contradicciones, diferencias, rectificaciones y escenificaciones son inevitables en un contexto excepcional. Convendría no idealizar las expectativas ni esperar grandes acuerdos. No corren buenos tiempos para la alta política ni para la regeneración. Y más ante la falta absoluta de consenso entre los partidos y la exacerbación de las tensiones nacionalistas.

El nuevo presidente, el séptimo de la democracia, gobernará en solitario, respaldado por 84 diputados propios, el menor apoyo parlamentario de la historia democrática. Para llegar a los 176 diputados de la mayoría absoluta que le permita aprobar los Presupuestos o leyes orgánicas, necesita más diputados de los que tiene. Nunca antes había ocurrido en España. Dice Woody Allen, no la Constitución, que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir.