Pasan los meses y me reafirmo en lo que creía: que la política para algunos, lejos de ser acciones o prioridades materializadas en esas acciones, va más bien de crear estados de opinión cercenando realidades.

Es el caso de la huelga en Educación del 4 de marzo.

Llevo toda mi vida defendiendo que la democracia implica participación de la sociedad en la vida política. La forma de participar lo decide cada ciudadano: puede ir a votar una vez cada cuatro años (bueno, últimamente más frecuentemente), interesarse por un determinado proyecto político e incluso participar de él con la afiliación, ser representante de la ciudadanía ocupando un cargo en una institución si así lo deciden los votantes… etc. Evidentemente también se hace política participando en movilizaciones reivindicativas ciudadanas. Tengo un profundo respeto a la libertad de expresión y no me escandalizo, sino todo lo contrario, de esas movilizaciones.

Sin embargo, la democracia exige, para ser tal, el conocimiento de la realidad para su adecuado análisis y que realmente lo elegido represente lo que cada uno cree que es mejor para el bienestar común, que debería de ser el objetivo último de la política. Si al final se buscan soluciones serias, de cohesión social y desarrollo, deberíamos de descartar los populismos por ser inviables o, siendo viables, ser contraproducente para esos fines.

Analizo todas aquellas afirmaciones que hacen determinados partidos políticos, sindicatos y asociaciones de padres y madres para apoyar la huelga y, de paso, atacar al Gobierno.

Se alerta a gritos de que se pretenden eliminar unidades públicas cuando en este curso 2019/20 han aumentado en 33 en toda la comunidad a pesar de que hemos sufrido un descenso de alumnado de casi 13.000 alumnos fruto de la bajada de la natalidad. Se pretende asustar al conjunto de los docentes de centros públicos difundiendo que se van a reducir los claustros cuando en este curso escolar se ha alcanzado la cifra record de 102.105 docentes en Andalucía, con un crecimiento de 750 profesores y maestros. Se extiende interesadamente que se van a enviar interinos al paro cuando, en dos veranos consecutivos (los dos primeros con Javier Imbroda como Consejero de Educación), se han convocado más de 10.000 plazas para estabilizar las plantillas facilitando el tener una plaza fija a todos los interinos.

Pero lo más socorrido para aquellos populistas que quieren difamar y descabezar a la Consejería de Educación es el eterno enfrentamiento educación pública-concertada. No por pueril, deja de tener sus acólitos este mensaje, pareciendo que todo el mal que puede aquejar a la escuela pública es la concertada. Me sorprende verdaderamente después de lo vivido en las aulas durante los 14 años en los que he ejercido…

Hace unos días se publicó el nuevo Decreto de Escolarización que ya se ha puesto en marcha en casi todos sus artículos para el procedimiento que se ha abierto para el curso 2020-21. Quienes esperaban un decreto transgresor, se han quedado con un palmo de narices (que no lo digo con especial alegría). Porque el decreto, lejos de cambiarlo todo, es más bien continuista, aunque sí presenta una serie de mejoras que repercute en beneficio del alumnado y las familias. Les voy a dar unos cuantos ejemplos: facilita la tramitación de las matrículas, aumenta la protección de datos sensibles, prioriza las rentas bajas, adapta tramos de renta, prioriza a alumnado con discapacidad, a alumnado con enfermedad grave, a hermanos, a familias numerosas… un sinfín de cuestiones que no estaban recogidas y que van a mejorar sustancialmente la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias.

Además, avanza en el derecho de las familias a elegir el centro en el que atenderán a sus hijos… y parece que ahí está el problema. Con los populistas hemos topado… aquellos que dicen que el problema de la pública está en la concertada, simplificando la descripción de los problemas que llevan enquistados décadas. Permítanme aclararles que la única diferencia en esto con el decreto anterior es que, en localidades donde haya centros concertados (el 18% de las localidades de Andalucía), cada área de influencia incluirá, al menos, un centro público y un centro concertado. Por otra parte, una posibilidad que ya existía en el decreto de escolarización del PSOE de 2007. ¿A qué viene tanto ruido?

No estamos sólo ante esa simplificación de la realidad, sino mucho más allá. Estamos ante la creación de un motivo político para atacar a la Consejería, la primera Consejería de Educación que no es del PSOE, que está poniendo soluciones a esos problemas enquistados de falta de personal como ya he explicado antes, de falta de plazas de FP con la creación de más de 166 unidades en el sistema público durante el presente curso escolar, de infraestructuras educativas con ese Plan Plurianual de casi 500 millones de euros…

No lo duden, es una huelga que pretende crear un estado de opinión “anticonsejería” para el que los datos reales no son válidos, porque las acciones que están llevando a cabo esta Consejería son, por primera vez en mucho tiempo, de apoyo demostrado a la Educación Pública. Y más, de defensa de nuestra Ley de Educación Andaluza, cuando esta afirma que el sistema público de Educación también incluye a la escuela concertada. Por otra parte, algo de justicia cuando las familias la solicitan.

Ciudadanos va a apoyar siempre la escuela pública, asegurando en ella la calidad mediante la búsqueda de los recursos necesarios. Esa será la mejor defensa que puede hacer. Lo que no va a hacer nunca es utilizarla como arma arrojadiza para cubrir expediente político como hacen otros partidos o colectivos.