Con todas las cosas que están sucediendo en España y también en otros países del mundo (incluidos los de nuestro entorno), parece claro que en relación a la pandemia por el Covid-19 no caminamos por el rumbo correcto.

Es comprensible en parte si tenemos en cuenta que la pandemia está provocada por un nuevo virus del que no sabemos todo a pesar de que poco a poco se van teniendo más claves científicas. También es comprensible la situación si tenemos en cuenta que las medidas más eficaces son aquellas que disminuyen al máximo la movilidad y la interacción social pero tienen como consecuencia un gran impacto en la vida social y en la economía.

Es claro que gestionar la pandemia y asegurar la máxima protección de la salud poblacional afectando lo menos posible a la economía y a la vida social conlleva trabajar en un equilibrio muy difícil de conseguir. Es por eso que, yo al menos trato de hacerlo, hay que entender la enorme dificultad que tienen las autoridades gubernamentales para acertar en sus decisiones y situarse en el rumbo correcto.

La incertidumbre científica y la necesidad de conseguir el mejor equilibrio entre medidas de protección limitando la movilidad y afectando lo menos posible a la economía son argumentos más que suficientes para señalar que el rumbo correcto sólo puede tener como fundamento sólido la adopción de medidas que tengan el mayor consenso técnico y científico posible y el mayor consenso político.

Cuando esto no es así, las inevitables polémicas trascienden a la sociedad en forma de confrontación (en ocasiones de manera casi bélica) y generan aún más incertidumbre al conjunto de la ciudadanía; ello se traduce en malestar social y también en una pérdida de crédito de las autoridades públicas que no ayuda en nada al seguimiento de las recomendaciones.

El choque de trenes al que asistimos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España actúa en esos términos en toda España. El espectáculo es lamentable y tiene como uno de sus efectos más devastadores el hecho de que buena parte de la sociedad culpe a todos y diga que todos son iguales. Pero no todos son iguales de culpables aunque todos sean responsables de lo que pasa.

Con el máximo respeto a quien no piense como yo y sin ánimo alguno de pontificar, tengo claro que en una situación de discrepancia entre ambas administraciones lo ideal es el acuerdo.

De no haber acuerdo, me quedaré siempre con las medidas que más protección ofrezcan a la salud de la población. En mi opinión, son las que propone el Gobierno de España.

Siempre he dicho, además, que la seguridad jurídica a estas medidas la aporta el estado de alarma. Y así se ha decidido. Recuperemos el rumbo.