PARECE mentira que el yerno del Rey esté ayudando más a la causa republicana que los propios republicanos de pura cepa. Y es que, yendo por delante el respeto a la presunción de inocencia del duque de Palma, sus presuntas actividades irregulares al frente del Instituto Nóos están siendo objeto de investigación en la Operación Babel por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, y en donde la corrupción parece campar a sus anchas. Bajo el paraguas del altruismo se adjudicaron a Nóos convenios sin concurso público -a dedo- con el Gobierno balear por valor de 2,3 millones de euros para la organización de dos cumbres turístico-deportivas en 2005 y 2006 en el marco del Fórum Illes Balears, siendo su sobrecoste del 170%; y con la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia por importe de 3,7 millones de euros por la organización de las reuniones deportivas Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006, percibiendo además 700.000 euros por gastos de representación y alojamiento de los participantes de 2005, y otros 382.000 euros por encargarse de la candidatura de Valencia a los Juegos Europeos de 2006.

Al parecer, se fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios prestados a las Administraciones y se simulaban actividades ficticias, muestra de ello son el presupuesto de 240.000 euros para viajes (85.000 euros para desplazamiento de expertos, otro tanto para hoteles y 80.000 euros más para gastos de catering) o los 445.000 euros que el Gobierno balear les abonó en 2007 por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, organismo que nunca llegó a funcionar. En fin, todo un entramado en el cual los fondos públicos conseguidos por el Instituto Nóos acababan desviados a las empresas mercantiles controladas por Torres y Urdangarín, entre ellas la promotora Aizoon SL, propiedad al 50% entre Iñaki y la infanta Cristina, de la que es asimismo vocal, siendo además su secretario, Carlos García Revenga, tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006. Ignasi de Juan Creix Bretón, colaborador de Noós en 2006, aseguró que estaban "apartados del conocimiento del área financiera", no estando la infanta en el "círculo cerrado de toma de decisiones" del entramado que dirigía su marido. La justicia debería aclarar también este extremo. Lo cierto es que el enriquecimiento súbito de la pareja ha sido evidente, habiendo amasado Urdangarín desde 2004 un patrimonio personal superior a los 11 millones de euros (un palacio de 8 millones de euros en Barcelona, 5 pisos en Palma y otro en Tarrasa por valor de 1,3 millones y activos por valor de 1,8 millones), faltando por calcular el dinero oculto bajo otras sociedades y las cantidades presuntamente evadidas a Belice (650.000 euros) y al Reino Unido (casi 420.000 euros).

Aunque Urdangarín quiera desvincular sus actividades privadas de la Casa Real, la monarquía se está viendo tocada por este escabroso asunto, dando lugar a equívocos reconocidos en el último comunicado de Zarzuela o a las inoportunas fotos de la reina con la pareja en Washington. Para más inri, en Palma, PSM-IV-Entesa quiere que se les retire inmediatamente a los duques su título y asociaciones vecinales quieren quitarle su nombre a una calle; y Anasagasti echa más leña al fuego apuntando que el rey conocía los negocios de su yerno. Lo cierto es que faltan las explicaciones necesarias a la opinión pública y, de resultar probados los indicios, Urdangarín, además de devolver el dinero público, debería ser tratado como cualquier ciudadano de este país.

Sin duda que el mensaje más difícil del Rey desde el 23-F será el de esta Navidad…