Cuando llevaba cuatro minutos en el Foro Joly de Madrid con el que iniciaba una batalla fiscal en España, el presidente de la Junta se refirió a Elías Bendodo y Juan Bravo. Dijo sus nombres y cuando fue a calificarlos tuvo una indecisión: "estos son los dos… artilleros andaluces que hemos incorporado al equipo de Alberto [Núñez Feijóo]". Todas las acepciones de artillero en el diccionario de la Real Academia tienen que ver con guerra y armas. El PP repite en España el esquema de Andalucía en los últimos años: un presidente moderado con una guardia de corps que ataca a los adversarios sin consideración. La táctica se copia hasta con los mismos artilleros, por usar el léxico de Juan Manuel Moreno.

Pero el asedio produce daños colaterales en las instituciones, como la dimisión del presidente del Consejo del Poder Judicial Carlos Lesmes. El retraso de cuatro años en renovar el CGPJ ha dejado en evidencia sobre todo a los populares. Lesmes es uno de ellos; fue director general los ocho años de Aznar y llegó a la cúpula judicial con la mayoría absoluta de Rajoy. Y el PP es reincidente; ya bloqueó la renovación del Consejo dos años con Zapatero en La Moncloa. La coartada ahora es que "Europa nos exige" que sean los jueces quienes elijan a los miembros del Consejo. Pero nadie exige; no existe una norma europea. El Grupo Greco del Consejo de Europa y el comisario del ramo de la UE recomiendan un mayor papel de los magistrados en la elección, como ya han dispuesto Francia, Portugal o Italia, pero no Alemania o los países nórdicos.

Hecho el daño, el PP no manda a negociar con el PSOE a un halcón artillero, sino a un paloma, el eurodiputado González Pons, de la parte conciliadora del equipo de Alberto. Socialistas y populares han protagonizado durante décadas el obsceno espectáculo de designar a 21 jueces o juristas estampillados. Una fórmula agotada. Pero un nombramiento al margen de la soberanía nacional, por un cuerpo conservador, no acabaría con la dependencia judicial. La mitad de los 5.500 jueces de España no militan en las asociaciones profesionales que replican a los partidos de derecha, izquierda o centro. La mayoritaria APM, que ha copado más del 50% de altos tribunales en los últimos 25 años, representa a la cuarta parte del colectivo. Los verdaderos independientes son mayoría y carecen de influencia.

Por un sistema proporcional, la carrera podría proponer 36 candidatos a los 12 puestos de juristas. Congreso y Senado deberían investigar a los aspirantes. Y entre quienes pasen ambos procesos una fórmula neutra sería un sorteo, como se hace para los miembros del Tribunal Supremo que están en la Junta Electoral Central. Ahora toca cumplir la ley, con personas de prestigio de amplio consenso. Y después, reformarla sin violar los artículos 1, 66 y 117 de la Constitución, negociando en Las Cortes sin vetos a ninguna formación política. Esto no se resuelve con vuelos de halcones andaluces sobre La Moncloa.