EL Tribunal Constitucional dio ayer un importante espaldarazo a la educación segregada en Andalucía, aquella que se basa en la separación por sexos en las aulas. Tras años de combate legal entre la Junta de Andalucía y los centros que optan por este tipo de docencia, la mayoría de éstos pertenecientes a órdenes católicas de carácter conservador, la balanza se ha decantado por la libertad de los padres para elegir el modelo de educación y el ideario del centro que ellos crean más conveniente para sus hijos frente a la idea de que debe ser la Administración la que fije estos criterios. Aunque la sentencia del TC se limita a rechazar -fundamentalmente por problemas de forma- la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a raíz de una petición de la Junta tras los recursos de varios centros docentes privados de educación por denegarles el concierto educativo, el resultado es claro: desde ahora la Junta no se podrá escudar en la educación segregada de algunos colegios para denegarles las subvenciones con las que sufragar su actividad docente.

La sentencia del TC supone -aunque probablemente sin pretenderlo- un importante varapalo para el modelo educativo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, basado en un ideario laicista que obvia la realidad social y educativa de la comunidad autónoma. En este sentido, los colegios que optan por educación segregada -una completa minoría dentro de la oferta docente católica- nunca han sido del agrado de la Junta. Sin embargo, sin meternos en qué modelo educativo, el segregado o el mixto, es el mejor para los escolares, desde este periódico siempre hemos defendido que, en cuestiones educativas, la libertad de los padres debe primar sobre la de la Administración.

Más allá de la decisión del TC, lo cierto es que educación segregada en Andalucía es una completa anécdota. La gran mayoría de los colegios católicos andaluces -casi todos con una gran tradición en los núcleos donde se asientan- rechazaron hace tiempo este modelo y optaron por el mixto. Aun así, la Junta debería reflexionar sobre las trabas que suele poner a la educación concertada -segregada o no- y comprender que una parte importante de los padres andaluces han decidido enviar a sus hijos a estos centros, que históricamente han realizado una labor impagable a la hora no sólo de educar, sino de dotar de infraestructuras escolares y deportivas a una región que durante décadas careció de ellas.