ME pareció exagerado esta semana escuchar a Gaspar Llamazares definir a España como una "república bananera" maltratada por EE UU a cuenta de la filtración de cables de Wikileaks, las revelaciones sobre las "intolerables injerencias" en nuestro sistema judicial y las inauditas presiones en casos como el del fotógrafo José Couso. Hoy no.

Y no hay que buscar las razones fuera. Ni en el Gobierno. El 'secuestro' de los controladores, un colectivo minoritario de los mejor pagados de España, nos ha colocado en una situación de tal excepcionalidad que el Ejecutivo tuvo que declarar ayer el estado de alarma, la primera vez que ocurre en toda nuestra historia democrática. Paradójicamente, justo en vísperas del 32 aniversario de la Constitución; ese mismo texto legal que ha de servir ahora para recuperar la normalidad y, por supuesto, para frenar a quienes han querido defender sus intereses corporativos recurriendo a una huelga a traición que ha destrozado los derechos de miles de ciudadanos.

Los controladores aéreos han actuado como auténticos delincuentes. Durante quince días, quedarán sometidos a las leyes penales y disciplinares militares. El real decreto que se aprobó ayer en un número extraordinario del BOE tildaba la situación generada como "una calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios causados".

Un mazazo para las familias que también han visto 'secuestradas' sus vacaciones y un mazazo para la industria turística de todo el país. Si había un sector que empezaba a mostrar datos positivos de recuperación, el caos aéreo con que los controladores han boicoteado el puente de la Constitución supondrá un nuevo retroceso en la salida a la crisis, con unas consecuencias económicas, de momento, incalculables.

El mismo día que se conocía la huelga ilegal y masiva, una compañera de Granada Hoy, Ana Beauchy, era 'secuestrada' por el gobierno marroquí, en este caso por ser periodista. Desde el viernes está retenida en el aeropuerto de Marraquech, vigilada, sin pasaporte, separada de su pareja y sin posibilidad de viajar. Iba de vacaciones, pero ha cometido el pecado de ser periodista. Por ser periodista la noche del viernes la pasó en un tremebundo cuchitril habilitado para delincuentes.

En Marruecos no hay estado de derecho ni Constitución que la proteja. En España, un grupo de 'terroristas' insolidarios ha saboteado la carta magna y ha golpeado los derechos fundamentales de miles de ciudadanos. Si hay un motivo este año para celebrar la Constitución no puede ser otro que hacer pagar a estos individuos, con los principios de la ley, su sinrazón, su chantaje y el intento de mantener sus privilegios creyéndose 'dictadores' de una república bananera. Salvando las distancias, eran muchos los que se remontaban ayer al 23-F para recordar un ataque tan salvaje a la democracia. ¿Cómo es posible que un colectivo, por muy legítimas que sean sus reivindicaciones, haya provocado que se active un procedimiento que (casi) está pensado para momentos de guerra?

Lo más triste es que, mientras miles de ciudadanos siguen tirados en los aeropuertos (españoles y extranjeros), la opinión pública reclama -unánime- que no haya impunidad, los instigadores se esconden detrás de una cámara con posiciones imposibles ya de defender ni compartir y los de siempre se apresuran a aprovechar el caos cargando contra el equipo de Rodríguez Zapatero para sacar rédito electoral. Olvidan que lo más importante, ayer y hoy, era estar al lado del 'golpe de democracia' del Gobierno. De parte de los ciudadanos. En defensa de la Constitución.