LA ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hablado esta semana en el Senado sobre temas de gran importancia para Granada y su futuro. En una comisión de esas en las que se dicen cosas que se graban en vídeo y cualquier ciudadano puede ver a través de la página web de la Cámara Alta, la responsable del Gobierno en materia de infraestructuras dijo que la estación de AVE de esta ciudad -ese proyecto que lleva dos décadas de idas y venidas, y que se quedó en un remozado provisional y un muro que divide un barrio- depende ahora del nuevo plan urbanístico que prepara el Ayuntamiento de Granada. Porque, según dijo la ministra, su departamento es muy sensible a las peticiones de los ayuntamientos.

El PGOU vigente en esta ciudad, con una ambiciosa propuesta de estación dibujada en su actual ubicación y una ficha urbanística donde se definen con claridad metros de ocupación, desarrollos asociados o zonas verdes, lleva la friolera de 22 años en vigor y dudo mucho que algún ministro del ramo lo haya tenido en cuenta para ejecutarlo, porque así lo quiso una mayoría en la ciudad.

Pero lo más curioso de esa declaración en la comisión del Senado es que la ministra explicaba que está a la espera de lo que le diga el Ayuntamiento, mientras que los redactores del nuevo Plan General municipal ya explicaron hace semanas que la decisión de buscar una nueva ubicación para la estación de tren en la Vega se debía a que el Ministerio no está dispuesto a gastar tanto dinero en soterrar vías ferroviarias, que sería una condición esencial para que se mantuviera la dársena en la Avenida de Andaluces. Así pues, estamos en la espiral de la culpa. No hay quien averigüe de dónde sale la idea.

Pero no crean que este juego de pasarse la pelota y dar otra patada adelante a un tema que acumula décadas de retraso fue lo más desolador de la respuesta de la ministra Sánchez a la pregunta formulada por el PP en esa comisión del Senado. En la misma intervención arrojó un enorme jarro de agua fría sobre Granada, también en materia ferroviaria pero sobre otro aspecto en el que sí fue bastante más clara. No dudó en rebajar cualquier expectativa o aspiración provincial de ver construida una línea de tren entre Granada y Motril.

Explicaba Raquel Sánchez desde su tribuna que tanto el Ministerio como el resto de administraciones y los grupos políticos tienen que ser “conscientes de que la orografía y la geografía son determinantes” y de que “no podemos obviar las complejidades técnicas” que ofrece el terreno entre la Vega y la Costa. Para entendernos, la barcelonesa nos recuerda que tenemos muchas montañas, valles y ríos, y que saldría muy caro un tren para conectar el Puerto de Motril con el futuro Corredor Mediterráneo. Visto así, el progreso estaría reservado para las mesetas, mientras que los lugares montañosos, sobre todo del sur, tendrán que conformarse con mantener unos paisajes de ensueño y llenarlos de tirolinas y toboganes, que son más baratos y divertidos.

Pero en Granada ya ni eso, porque ni Aquaola nos queda. La crisis y la decadencia han devorado este emblema del emprendimiento de los años 80, uno de los primeros parques acuáticos que se construyeron en España y cuyas instalaciones vacías son hoy la viva imagen de la desolación. Como las piscinas públicas para ir con amigos y bocatas, o los cines de verano que nos permitían pasar una canícula decente en el asfalto de la ciudad, los toboganes de Cenes se ponen en venta para dar paso a inversiones más rentables o quedarse ahí para los restos como parte de nuestra orografía anclada en el pasado.

Como se imaginarán, la noticia del cierre de Aquaola ha provocado una conmoción popular incomparable a las declaraciones de cualquier ministra que nos relega al ostracismo por tener muchas montañas.