EL Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha tenido la iniciativa de llevar al Parlamento a dos jóvenes que quedaron huérfanas a raíz de un asesinato machista a fin de que los diputados conocieran el testimonio directo de los sufrimientos de este colectivo de menores normalmente olvidado. Son víctimas por partida doble: perdieron a sus madres y, además, quienes les quitaron la vida fueron sus propios padres. El relato de las dos mujeres, que eran menores cuando vivieron su tragedia familiar, emocionó y estremeció a numerosos parlamentarios (Sonia, por ejemplo, hija de la primera mujer muerta por violencia machista, relató que ha tenido que pagar las letras del coche con el que su padre cometió el crimen y que su familia paterna le ha reclamado judicialmente los gastos del encierro de éste). Hace falta pasar de la emoción a la adopción de medidas que normalicen la situación de estos menores traumatizados que obviamente necesitan atención psicológica, ayuda económica y asistencia social. No es un problema menor. Chamizo explicó en su comparecencia parlamentaria que entre 2008 y el primer trimestre de 2012 se han contabilizado en Andalucía más de cinco mil menores de edad hijos de mujeres que han padecido situaciones de violencia de género en sus distintas modalidades, aunque se trata de los menores que han llegado al sistema de protección, sin tener en cuenta a los que no han sido detectados por diversas causas. Solamente el año pasado la violencia machista produjo 55 huérfanos menores de edad, huérfanos por causa del padre. El Defensor ha propuesto que este grupo de menores reciba el mismo tratamiento jurídico, institucional y social que los huérfanos de víctimas del terrorismo. Aun en estos tiempos de penuria presupuestaria, no debe ser difícil poner de acuerdo a los tres grupos parlamentarios para que aprobasen un programa mínimo de asistencia a andaluces menores a los que la vida ha tratado con singular crueldad. Merece la pena dar este paso.