Desconocía que el presidente Sánchez era un retorcido admirador de Ganivet cuando criticaba, en su Idearium español, "las leyes que no sirven para nada". Pero nunca escribió el olvidado pensador granadino que esas leyes se debían cambiar por otras, sobre todo si se hacía -como obscenamente hace don Pedro y su gobierno de coalición- para contentar a los golpista catalanes y, en general, a los pretendientes de malversar caudales públicos. Primero, borrando del Código Penal los delitos de Sedición, como exigía Izquierda Republicana de Cataluña y, de camino, abriendo paso para que la malversación de caudales públicos salga más barata -o gratis- a los condenados por estos delitos, en beneficio no solo de los sediciosos catalanes, sino de los dirigentes socialistas condenados, incluida la prisión para el ex presidente Griñán y otros siete altos cargos por los 680 millones de euros en ayudas indiscriminadas en el caso de los ERE en Andalucía.

Estas leyes -sedición y malversación- eran "leyes que no sirven para nada" -es decir, no servían para los intereses de Sánchez para asegurarse el apoyo de sus insaciables socios- y, por lo tanto, o había que eliminarlas o cambiarlas por otras. Ganivet se revolverá en su olvidada tumba granadina si ve que algún gobernante utiliza su vital argumento de desprecio a la maraña de códigos, sobre todo si no se sustituyen por su idea de que más que legislar habría que educar.

Por si fuera poco, una ministra del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos -Irene Montero- ha puesto en marcha una ley conocida por 'Solo sí es sí', sobre la libertad sexual y los atentados contra esa libertad, que todos los ciudadanos y ciudadanas que abominan de todo tipo de violencia machista condenan enérgicamente, pero que por su pésima redacción y peso jurídico, está permitiendo que algunos condenados por esas violencias vean rebajadas sus penas. La irresponsable promotora de esta ley dice que esas rebajas son producto del 'machismo' de jueces y juezas -'fachas con toga' los llama su partido gobernante- que interpretan bajo su prisma esa norma. Todas las asociaciones de jueces, conservadoras y progresistas, han rechazado los insultos de la ministra y han dejado claro que si con la nueva ley se puede producir esas reducciones es porque la ley está mal redactada y lo permite y no por los jueces.

Visto lo cual, con las leyes y no leyes de Sánchez, Montero y sus socios puede ser posible que dar golpes de Estado, malversar caudales públicos y hasta violar les salga más barato a los delincuentes. Y todo ello, en medio de un diluvio de mentiras, intereses inconfesables y, para colmo, olvidos de los consejos de los profesionales en la materia, para legislar leyes que no sean del embudo.