EN este año apenas estrenado, la Monarquía en España sigue anclada en una compleja coyuntura existencial. La profunda erosión que experimentó la figura de Juan Carlos I en los últimos tiempos de su reinado actuó como elemento catalizador para una abdicación que debería servir para la revitalización de la Corona. Expuesto a importantes críticas a causa de ciertas conductas personales, como la cacería de elefantes en África; salpicado en su círculo familiar más directo por la investigación judicial seguida contra su yerno Iñaki Urdangarín; y castigado, en fin, por reiterados problemas de salud que no sólo le obligaron a pasar por el quirófano en repetidas ocasiones sino que también le restaron plenitud física, el otrora valorado Monarca de la transición se vio constreñido a ceder el paso a Felipe VI. Actuando así, se puso en marcha una operación de rescate que, mediante la renovación en el cargo, formulaba una clara apuesta a favor del afianzamiento de la Corona.

La evolución de la opinión pública española en los últimos años ha puesto claramente de manifiesto que el desgaste experimentado por el anterior Monarca ha generado un notable incremento del escepticismo e incluso el rechazo social hacia una institución tan arraigada en nuestra historia. Empezaba, pues, su reinado Felipe VI en un contexto francamente adverso, en el que aquélla ha dejado de considerarse entre sectores cada vez más numerosos de la ciudadanía como elemento crucial en la estructura del Estado, así como instancia esencial para garantizar la estabilidad democrática, comenzando a perfilarse como prescindible.

Cambiadas las tornas sociales y también las circunstancias políticas, el nuevo Rey se enfrenta a la inesquivable tarea cotidiana de recabar el reconocimiento social que se halla en la base de su legitimidad institucional. De este modo, queda completamente en evidencia la idea tantas veces repetida respecto del anacronismo que supone en el Estado democrático actual basar la Jefatura del Estado en el principio sucesorio. Resulta pues que, más allá del sustento puramente normativo que ofrece la Constitución de 1978, la supervivencia de esta reliquia histórica depende inexorablemente de una aceptación popular que no se revalida periódicamente en las urnas. Con lo que ello implica en términos de rendición de cuentas a la sociedad y de exigencia de máxima ejemplaridad institucional y personal que se requiere del Monarca y su entorno familiar.

Enmarcada la institución en este renovado contexto de permanente condicionalidad y constante escrutinio ciudadano, la noticia de que la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados como cooperadora de dos delitos fiscales imputados a su marido, Iñaki Urdargarín, supone un duro revés para Felipe VI. En su condición de persona enmarcada en la línea sucesoria a la Corona y que, por tanto, goza de un indudable estatus institucional, la acusación de la hermana del Rey rebasa el terreno de lo estrictamente privado o familiar para proyectar una inquietante onda expansiva en el núcleo de la Jefatura del Estado. Se dirá, con razón, que al no existir la ley orgánica prevista por la Constitución en materia de "renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona" (artículo 57.5), la cuestión aludida desborda las facultades del Monarca, dependiendo exclusivamente de la voluntad personal de la Infanta.

El problema planteado, sin embargo, exige aplicar unas miras analíticas más amplias y tener presente que su resolución ni se agota ni se zanja en la esfera de la regulación jurídica. Antes bien, constatado el vacío legal existente, la respuesta debe buscarse en el terreno mucho más amplio y decididamente más fértil que ofrece el criterio de la legitimidad. Porque en unos momentos en los que el azote de la corrupción golpea con toda su crudeza a buena parte de los poderes públicos de nuestro país, la Jefatura del Estado ha de situarse a la cabeza de la ejemplaridad. La necesidad de recabar un respaldo social constante se erige en factor determinante a la hora de exigir que desde la Corona y su entorno se mantengan conductas plenamente comprometidas no sólo con la legalidad, sino también, y sobre todo, con las ineludibles exigencias de regeneración democrática.

Consciente de ello, Felipe VI, en su discurso navideño, aludió expresamente a la necesidad de un compromiso activo contra la corrupción en el que, huelga decirlo, no hay lugar para ninguna excepción. Flaco favor le hace la Infanta a la institución y a la persona del Rey cada día que pasa escurriendo el bulto y sin dar el, a estas alturas, obligado paso de desvincularse de la línea sucesoria.