Si les contara que en 1923, el gobierno de Mussolini aprobó una norma electoral conocida, por su redactor, como Ley Acerbo, según la cual quien obtenía más del 25% de los votos se garantizaba dos tercios de los escaños, me dirían que aquella Italia era una dictadura fascista y que eso no pasa en las democracias modernas. Y yo les contestaría que Mussolini se convirtió en dictador después de que las dos Cámaras del Parlamento Italiano aprobaran semejante dislate y que fueron las elecciones de 1924 las que le otorgaron todo el poder. Respecto a lo segundo, me gustaría recordarles que en Grecia, Syriza gobierna con cierta holgura porque el gobierno de Nueva Democracia aprobó otra ley según la cual, el partido más votado obtenía, de regalo, cincuenta escaños. O que el PP propuso en 2014 que, en las municipales, con el 40% de los votos se obtuviera la mayoría absoluta en el consistorio.

Cualquier reforma electoral sólo busca perpetuar en el poder a quien la propone o mejorar sus expectativas futuras, si está en la oposición. Resulta muy curioso que el acuerdo entre Ciudadanos y Podemos para una ley electoral más justa - según ellos- premiaría al primero con doce escaños y al segundo con seis. Es justa porque me beneficia. También decían que era justa la Ley Acerbo porque daba un tercio de la Cámara a la oposición aunque hubiera obtenido menos de esos votos. Puestos a inventar, siempre hay argumentos. Toda esta historia de la justicia o no de la ley electoral se basa en un planteamiento muy falaz. ¿Por qué el reparto proporcional es más democrático que el uninominal? El Reino Unido y los EE.UU. llevan siglos votando con este último sistema en el que, por cierto, el diputado no puede ocultarse tras las siglas del partido ni cubrirse bajo la capa del líder y que ambos le ganen un escaño yendo en el puesto diecinueve de una lista de treinta y tres, por ejemplo. En Israel, en cambio, la absoluta proporcionalidad empuja a los gobiernos a pactar con minorías radicales y chantajistas. Ningún sistema electoral es perfecto. Todos son mejorables y al final, los partidos acomodan sus estrategias a las reglas de juego vigentes.

En España no es imprescindible una nueva ley electoral. Lo que necesitamos son partidos capaces de negociar programas de gobierno y formar coaliciones pensando en las próximas generaciones y no en como asegurar a los suyos, escaño y sueldo, en las siguientes elecciones.