No sé si éste será el último año que celebramos un aniversario del texto original de la Constitución de la concordia, de la igualdad de derechos y deberes de los españoles, vivan donde vivan, de la solidaridad entre territorios, de la unidad dentro de la riquísima diversidad que define a la nación más vieja de Europa, del régimen que aclara el papel de la Jefatura del Estado y de otros muchos aspectos -algunos no cumplidos- que están en el texto de la Carta Magna. No sé si vamos a empezar a componer un cacofónico Réquiem por ese documento que podría quedar mutilado, 'reformado', 'actualizado' para satisfacer a sectores capaces de recurrir a la violencia y el chantaje para conseguir sus propósitos que no son, además, el sentir unánime de los ciudadanos que viven en esos territorios. Construir una España, aún más asimétrica como en la que vivimos, bajo consideraciones tan ridículas como 'Nación de Naciones', por ejemplo -en todo caso hablaríamos de Reino de Reinos, en el que tendríamos que incluir, por cierto, el histórico Reino de Granada- para que unos activistas se sientan cómodos es aberrante

Y lo digo porque hemos abierto la XIV legislatura con la necesidad de pactos, imprescindibles para no seguir repitiendo elecciones 'sine die'. Pero la grotesca inauguración de las Cortes nos llena de recelo, en vista de la atrabiliaria fórmula utilizada por una parte importante de los 16 grupos que integran el Congreso de los Diputados y los 20 del Senado. Entre las fórmulas de supuesto acatamiento hay que centrarse en el partido que, con su abstención, será básico para la investidura de Sánchez, ERC, cuyo portavoz , el señor Rufián -siguiendo órdenes de su jefe, encarcelado por delitos de sedición y malversación- ha acatado la Constitución, que pretenden destruir, "por imperativo legal", anteponiendo los términos "Por la libertad de los presos políticos y por la República catalana". También se han escuchado referencias a la República vasca y otras lindezas que ha hecho decir al histórico socialista Alfonso Guerra que un 35% no acató la Constitución.

Ante esta situación, donde los posible socios de Sánchez ni acatan la Carta Magna y atacan la integridad territorial, cuestionan la legitimidad de la Jefatura del Estado, niegan la separación de poderes y proclaman derechos de autodeterminación y referéndums para dividir no sólo al país, sino a sus propias sociedades, es natural que inquiete el precio que tendríamos que pagar todos los españoles a los extremistas para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Él dice que todo se hará dentro del marco de la ley y -ahí ya es el colmo siquiera mencionarlo- "se harán públicos". ¿En una democracia podría aceptarse que el oscurantismo actual permaneciera una legislatura?