RECONOZCO que no tengo opinión sobre si ensanchar la calle San Juan de los Reyes es una idea "descabellada" o "razonable"; si demasiados hoteles con encanto pueden hacerle perder precisamente ese encanto al Albaicín o si caben más viviendas en el Cerro de San Miguel. No he analizado el Plan Especial de Protección aprobado por el Ayuntamiento y rechazado por la Comisión Provincial de Patrimonio y, en consecuencia, no puedo emitir una opinión fundada sobre su contenido. Sin embargo, tengo claro que no se está tomando en serio la protección de un barrio Patrimonio de la Humanidad porque para llegar a esa conclusión basta con recordar el proceso seguido hasta aquí. En 1990 se aprobó un plan de protección del Albaicín para un periodo de diez años. Transcurridos éstos, al inicio de 2001 se anunció la elaboración de otro nuevo, actualizado y renovado, que incluía al Sacromonte. En el año 2003 se produjo cambio de gobierno municipal y la nueva mayoría rechazó poco después el trabajo realizado por el equipo que elaboraba el Plan para contratar a otro nuevo. Ahora, en 2009 se presenta, por fin, el documento ante la administración autonómica. De la mera lectura de las distintas informaciones sobre este asunto hay un aspecto que me resulta incomprensible: ¿cómo, después de tanto tiempo, se presenta un plan de protección de un barrio Patrimonio de la Humanidad con desfase en los planos utilizados, deficiencias en las fichas de los edificios catalogados y otros defectos formales que deberían haberse cuidado al detalle? Pero aún me produce más perplejidad otra cuestión: ¿cómo puede estar elaborándose un plan durante años sin tener ningún contacto, directo o indirecto, formal o informal, con la administración autonómica, que finalmente deberá darle su aprobación? La única explicación es que a la elaboración del Plan Albaicín no se le dado la importancia política que merece. Como suele ocurrir en Granada, se ha preferido el pim, pam, pum político a la solución de los problemas de la ciudad. Y la situación del Albaicín se ha convertido en un problema. La Unesco ha planteado la descatalogación de las Tablas de Daimiel como patrimonio de la humanidad si continúa su deterioro; no resultaría extraña una situación similar en el Albaicín, de proseguir el rumbo declinante que este fallido plan no altera, si atendemos a las trece páginas de deficiencias y vulneraciones de la Ley de Patrimonio elaboradas por los técnicos de la Consejería de Cultura, que habrán hecho sonrojarse, más allá de las declaraciones públicas, a los responsables políticos de la propuesta.