LAS políticas de crecimiento se demoran. No porque los muy cabezones de nuestros líderes se nieguen a aceptar que el estímulo económico es urgente y necesario, sino porque todavía puede esquilmarse un poco más al Estado social. Ahora que el panorama lo permite, todo obstáculo público al beneficio privado debe ser suprimido. Y el Gobierno parece mucho más preocupado por eso que por encontrar un nuevo modelo económico. Lo primero, claro, corre mucha prisa. No vaya a ser que nos hartemos antes de que concluya el desmantelamiento.

Es difícil aventurar cuál será el motor de nuestra economía cuando salgamos de esta. Lo que sí empezamos a imaginarnos es quién irá al volante. En un arrebato de brillantez, Luis de Guindos declaró ayer que España debe sustituir las políticas del ladrillo por las del conocimiento. Lo que no añadió es que el conocimiento al que se refiere será privilegio de unos pocos. A lograr una élite económica rectora y una población gobernable va encaminada la práctica totalidad de las propuestas educativas de nuestro Gobierno: la masificación de las aulas, la degradación de las condiciones laborales del profesorado, el posible fin de la gratuidad del bachillerato, la restricción de la inversión pública en investigación y desarrollo, la subida de las matrículas universitarias. El resultado lo veremos pronto: las clases adineradas tendrán progresivamente un mayor acceso a la educación y la suya será la única formación de calidad. Quien manda sabe que el conocimiento es poder.

Ya casi lo hemos olvidado, pero cuando la máquina de la recesión empezó a devorar puestos de trabajo en nuestro país, la primera reacción general no fue salir a reventar las calles o apalancarse frente al televisor: muchos parados recobraron la vieja manía de estudiar. Las últimas medidas del Gobierno dificultarán dentro de poco respuestas tan civilizadas.

Estudiar sigue siendo rentable (los desempleados sin licenciatura duplican a los licenciados). Una ciudadanía formada, sin embargo, no es solo una ciudadanía capaz de ejercer su oficio, sino también una ciudadanía cuyo conocimiento le permite comprender mejor el mundo y adoptar respecto a él una postura crítica. En las escuelas, en los institutos, en las universidades, la meta de una buena educación pública, gratuita y universal debería ser la preparación de profesionales y ciudadanos capaces de pensar y decidir por sí mismos, capaces de defender sus derechos y sus intereses. Alumnos, investigadores y profesores somos todos trabajadores del conocimiento. Hoy también es nuestro día.