Imposible no sentir vergüenza

El Fiscal General del Estado, el acusado, cubierto con su toga, se sienta en el estrado que corresponde a los miembros de la Abogacía del Estado, que llevan su defensa. Junto a ellos, los fiscales, dedicados a fondo a tratar de echar tierra a los testimonios que cuestionan el comportamiento del fiscal general, su jefe supremo. Entre los testigos, miembros de la Fiscalía madrileña que ofrecen versiones contradictorias sobre el comportamiento de Álvaro García Ortiz cuando “descubrió” que el novio de Isabel Ayuso buscaba un acuerdo de conformidad con Hacienda, que le podía condenar a una importante multa o a algo aún más grave. Acuerdo de conformidad que Hacienda vive todos los días, y sus responsables saben que deben actuar con total discreción pues de no hacerlo pueden ser sancionados por ilegalidad: revelación del secreto profesional, que es de lo que se acusa a García Ortiz.

Las discrepancias entre la fiscal jefe de Madrid y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid no solo es preocupante porque afecta a dos autoridades que tendrían que coincidir en su criterio sobre cómo hay que aplicar la ley, sino que también porque desde el sector alineado con García Ortiz se utiliza la supuesta animadversión de Pilar Lastra y Pilar Rodríguez para intentar devaluar la declaración de Lastra. Se utiliza la rivalidad entre dos fiscales para desacreditar un testimonio que podría perjudicar al Fiscal General.

En el juicio a García Ortiz se está poniendo el acento en que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, envió una nota a varios medios sobe el acuerdo de conformidad mucho antes de lo que había declarado, además de decir que el intento de acuerdo no había partido de la Fiscalía sino del abogado de Contador. Siendo importante conocer si MAR mintió, allá él con la justicia, de lo que se trata es de averiguar si el fiscal general filtró una información que, como fiscal, no podía filtrar porque cometía delito de revelación de secreto. Rodríguez, sin embargo, no cometía más delito que el de posible mentira, no estaba obligado al secreto profesional.

Para abundar aún más en la vergüenza de infinidad de españoles por la corrupción económica y moral de destacados miembros del Gobierno y de personas de su entorno político, familiar y amistoso, este inicio de juicio al fiscal general coincide con un nuevo informe de la UCO que se está desvelando y que revela que otro ministro, en activo, Víctor Torres, mantuvo conversaciones que demostrarían sus conexiones con la trama de las mascarillas cuando era presidente del gobierno canario. Y que, como varios miembros de esa trama, utilizaba un lenguaje soez y machista que provoca tanta indignación hacia un sanchismo en el que es difícil encontrar personas que merezcan respeto. Ojalá hubiera entre esas personas algunas que expresaran sus dudas, o su malestar, ante las informaciones que alertan sobre el probable juego sucio, y delictivo, que se vivía en las alturas.