Mañana comienza en la Audiencia Provincial de Granada un juicio con jurado popular que tendrá que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de tres personas, un matrimonio y otro hombre, acusados todos de haber asesinado a un joven de 29 años e intentarlo también con otro de 28 (presuntamente). Además se enfrentan al cargo de tenencia ilícita de armas, en plural. El relato de hechos que hace la Fiscalía sobre lo ocurrido aquella noche del 11 de octubre de 2019 recuerda en determinados momentos a una de esas películas americanas de acción, de las malas. Pero los hechos sucedieron en un cortijo de Arenas del Rey, quien intervino fue una patrulla de la Guardia Civil, que sorprendió a los acusados llevando el cuerpo de su víctima en una furgoneta frigorífica Fiat Scudo; y, lo más genuino, es que el móvil del crimen parece ser la marihuana. No es ficción barata, es nuestra realidad.

Las crónicas de sucesos de las últimas semanas en Granada constatan esa misma realidad. Cada vez nos sorprenden menos las noticias de reyertas, tiroteos o rencillas entre mafias o clanes. El denominador común, casi siempre, es esa palabra mágica: marihuana. Su cultivo, distribución y venta se han convertido en un negocio muy lucrativo y cada vez más extendido en el tejido social de la provincia, que ya es una verdadera potencia exportadora a toda Europa.

El problema es que el negocio de la droga no se queda en la droga. La violencia se instala y se extiende de forma implacable. La mancha se tiñe de negro. El último caso de un joven de 25 años asesinado en Churriana de la Vega, a manos de otro hombre que solo tuvo que sacar la pistola del bolsillo para zanjar la discusión callejera, nos da la medida de lo que empieza a valer una vida en nuestras calles. El Gobierno le resta importancia, pero quizás es el momento de empezar a reclamar verdadera atención, porque todo es siempre susceptible de empeorar.

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