Unos dicen que estaba casi hecho y otros que para nada. Antes de la llegada de los Reyes Magos podría haberse abortado el juicio del caso Audioguías de la Alhambra, que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Granada. Quienes dirigieron este importante monumento durante más de una década y tuvieron que dimitir tras ser detenidos por la policía en 2015 han intentado hasta el último momento un acuerdo que evitara la secuencia de más de once días de exposición pública y el interrogante de someterse al escrutinio de un tribunal con peticiones de cárcel de hasta cinco años. ¿Qué ocurrió y por qué se ha frustrado un pacto que parecía ya hecho al final de una de las reuniones entre las partes, incluida la Fiscalía?

Como ocurre cada día en los juzgados con otros casos, las partes implicadas se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial. Suele ser un pacto en el que todos ceden. Unos aceptan condenas más bajas a las que se exponen si hay juicio, pero a cambio reconocen algún delito y/o pagan los daños causados, que suele ser lo más importante casi siempre. Luego se lleva el traje hecho al juez o tribunal para que lo ratifique en forma de sentencia, sin necesidad de celebrar un juicio. Esto, para los juzgadores suele ser muy deseable, por agilizar el habitual atasco. Y si encima es un asunto mediático y con algún tipo de aroma a utilización política, mucho mejor.

En el caso de la Alhambra, las partes estuvieron cerca (según quien lo explique lo aproxima más o menos) de un acuerdo en una primera reunión. Hubo discrepancias, pero el asunto parecía encarrilado. Lo que pasa es que algunos de los participantes tenían que elevar consultas.

Lo más importante en estos casos suele ser la posición del fiscal, que es quien acusa para defender el interés público, y además una solución así tiene que tener necesariamente el visto bueno de, como mínimo, el jefe provincial -se rige por el principio de dependencia jerárquica-. Ir a juicio es una moneda al aire, y el Ministerio Público utiliza los acuerdos para atar condenas, aunque éstas sean más simbólicas que otra cosa en determinados momentos. En casos relacionados con corrupción, los pactos que acepta la Fiscalía han de ser también entendibles por la sociedad (en cuanto al reconocimiento de penas o al pago de cantidades por parte de los acusados), para que no puedan ser interpretados como un pasteleo o un trato de mercadillo. Al parecer, en este caso las defensas no asumieron los suficientes reproches penales o las cantidades reclamadas.

El papel de la Junta de Andalucía

Ha sido crucial en este asunto la acusación particular de la Junta de Andalucía, sobre todo porque es la que reclama las principales cantidades económicas para recuperar el supuesto menoscabo que supuso la gestión del Patronato de la Alhambra. El informe que hicieron los peritos de Hacienda cifraba el posible perjuicio económico para las arcas públicas en 1,2 millones de euros, a lo que se añadirían casi 300.000 euros en concepto de intereses de demora. En total, más de millón y medio de euros. La cantidad que se puso sobre la mesa en ese primer intento de acuerdo no alcanzaba ni la quinta parte. También se cuenta con que hay un seguro de responsabilidad civil millonario que avalaba a los altos cargos del Patronato. 

Además, en la propuesta, la mayoría de los acusados hubieran quedado absueltos, con el empresario como peor parado. La posibilidad de que la exdirectora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, asumiera algún delito, aunque fuera el de prevaricación -cuya pena se limita a la inhabilitación y no conlleva cárcel- sí era parte del simbolismo esperado por las acusaciones, pero tampoco esto parecía posible. Ante esta situación, a la última reunión con el fiscal, ya en enero y unos días antes del juicio, ni siquiera llegó a acudir el representante de la Junta de Andalucía y se terminó de alejar cualquier perspectiva de no celebrar el juicio.

Como dice el refrán popular, pleitos tengas y los ganes. Decidieron apostarlo todo al juicio, donde puede haber penas altas para los acusados, multas elevadas, condenas parciales o nada de nada, ni siquiera el dinero. Desde la Junta, el mensaje que se transmite es el de que tiene que velar por sus intereses económicos, porque son fondos públicos, y si ha habido menoscabo o perjuicio, la obligación de sus letrados es tratar de que sea restituido hasta el máximo posible. Además, ¿por qué habría de ser esto diferente a los ERE?

La dosis de política

Los que más frustrados se han visto por la falta de acuerdo ven en esta situación un matiz mucho más político. Quizás la sentencia no sea lo más importante. La escenificación de un juicio con determinadas personas en el banquillo es de por sí una imagen muy potente.

María del Mar Villafranca fue directora de uno de los monumentos más importantes del mundo, pero también era una referencia socialista, incluso nacional (estuvo en le ejecutiva federal y sonaba en las quinielas como ministra de Zapatero). También tuvo duros rifirrafes con el PP, partido en el que aún recuerdan cuando llamó “tontos del culo” a sus votantes, durante la campaña electoral de 2015 y muy poco antes de su detención policial.

La Alhambra y su gestión eran también en aquella época un símbolo que el PP utilizaba constantemente para hacer oposición. Sea cual sea el resultado penal, las declaraciones están sacando a la luz cosas que en otro contexto nunca se admitirían. Se ha escuchado a la que fue secretaria general del monumento decir que la contabilidad que se llevaba era muy “casera”. Se ha admitido también que el control de muchos aspectos de la gestión brillaba por su ausencia, aunque lo atribuyen a la falta de personal suficiente y no a una voluntad de beneficiar a terceros.

Lo que estos días está en juego en la sala de vistas no es solo si la prórroga al contrato de audioguías se hizo con todas las garantías legales o si determinadas facturas se cobraban o no con diligencia; aquí hay mucho más. Se trata poner en cuestión un modelo de gestión que el PP atribuye al modo de hacer de sus contrincantes políticos. El partido se ha retirado del caso como acusación popular, al entender que las acusaciones de la Fiscalía y la Junta eran suficientes. No hay que perder de vista que sostener un pleito sale caro. Pero no ha dejado de utilizarlo para hacer crítica política en declaraciones públicas. Esto ha escocido mucho a los dirigentes socialistas, que incluso piensan en contraatacar con otros asuntos espinosos. Pero estas estrategias no difieren mucho de las del PSOE y otros partidos políticos en grandes y mediáticos casos judiciales en los que el PP y sus cargos eran los que estaban en el banquillo. Forma parte del guion, y además estamos ya en 2023, el año de la batalla electoral.

[Una extraña excepción a esta regla la hemos visto estos días, con el auto de apertura de juicio oral contra la anterior cúpula de Urbanismo -en la etapa del PP de Torres Hurtado-, por una nueva pieza del caso Nazarí. La Fiscalía reclama 1,4 millones de euros para compensar al Ayuntamiento de la ciudad, pero esta institución gobernada ahora por el PSOE y que también es acusación en el caso, no debe de estar de acuerdo, porque ha pedido el sobreseimiento libre].

El juicio de la Alhambra promete darnos más dosis de política. En los próximos días llegarán las conclusiones de las partes, con la definitiva petición de condenas o no. Y ahí llegaremos a la malversación de caudales públicos, imputación que pende sobre los acusados con penas de 5 años de cárcel extraídas de la antigua redacción del Código Penal. La reforma legal que acaba de entrar en vigor, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para “pacificar” Cataluña, puede tener un notable efecto en este caso, a juicio de los letrados, incluso para una hipotética retirada del delito. Más munición para la guerra que se libra fuera de la sala de vistas.