Para un político sin escrúpulos como Pedro Sánchez, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder, al precio que sea, es natural su aceptación de pagar cualquier peaje pedido por sus socios -independentistas catalanes, vascos, incluyendo a filoetarras, etc.- que les pueden seguir abriendo las puertas de La Moncloa o cerrárselas de golpe en las narices, como le advertía Rufián. Así que una vez formado el Gobierno catalán, donde tanto peso tienen los 'presos políticos' del procés como el huido Puigdemont, apoyados por los extremistas de la CUP, las exigencias del presidente de la Generalitat han sido contundentes: amnistía y autodeterminación, para lograr la independencia catalana.

Así que Sánchez, inquieto por su futuro inmediato, se ha apresurado a justificar sus probables indultos a los condenados por el Supremo, por los graves delitos de sedición, entre otros. Los ha querido camuflar como actos humanitarios, contrarios a la 'venganza', que han desmontado el contundente informe del Supremo y los de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, amén de la lógica repulsa de la oposición de derechas y gran parte de socialistas con cargos actuales como Vara o García-Page, o históricos, como González, aparte de los expedientados -caso de Leguina y Redondo-, a los que puede expulsar, pero no silenciar. Sobre todo cuando Sánchez afirmó, al conocerse la sentencia del Supremo, que los enjuiciados deberían cumplir la totalidad de las penas. El Supremo dice, en sus contundentes argumentos -informe no vinculante-, algo que todo el mundo comparte: no hay la menor señal de arrepentimiento y, además, todos han expresado su intención de continuar cometiendo sus delitos. Las penas, ha dicho el Tribunal, han sido proporcionadas y lo que haría el Gobierno es enmendar al alto tribunal su papel decisivo en una Constitución que, por cierto, quiere retorcer Sánchez hablando de "venganza", como si la Justicia fuese un órgano vengativo o 'represor', como dicen los secesionistas.

El presidente sabe que esas vergonzosas actitudes de sumisión la rechazan la mayoría de los ciudadanos, que piensan si se puede indultar a delincuentes con graves delitos -los procesados han violado la Constitución y derechos básicos- que no se arrepienten de sus actos y proclaman que los volverán a hacer tras ser indultados. Consciente de ello, si llega a pagar ese peaje a sus socios, lo haría en verano donde la gente está más alejada de la actualidad, aunque en plena pandemia el Gobierno ha metido de matute infinidad de decretos leyes lesivos. Por si fuera poco, la decisión gubernamental tendría que refrendarla el Rey. ¿Debe un gobierno, por sucios intereses propios, implicar al Rey en tamaña felonía contra la división de poderes del Estado y el agravio colectivo?