La colmena

Magdalena Trillo

mtrillo@grupojoly.com

El poder de la calle

¿Ni siquiera el incomprensible hito de 'celebrar' tres años sin trenes es capaz de arrancar una foto de unidad?

El mismo día que las kellys consiguen ser recibidas en Moncloa por el presidente del Gobierno -y lo comprometen con su causa-, uno de los colectivos más alérgicos a las movilizaciones se echa a la calle para reivindicar su independencia frente a las injerencias políticas, denunciar el desgaste que el sistema judicial ha sufrido en la última década y reclamar avances laborales. Desde medios técnicos y refuerzo de personal hasta mejoras salariales, regulaciones de descansos y vacaciones y ampliación del permiso de paternidad. Son humanos. A pesar de sus poses marmóreas y sus togas decimonónicas; a pesar de los jueces y los fiscales estrella.

Que las camareras de piso alerten de la degradación laboral que están sufriendo -con la externacionalización del servicio, las "jornadas esclavas" y los contratos leoninos- podría formar parte del guión. Por el impacto que la crisis ha tenido en los colectivos sociales más vulnerables pero también por la flexibilidad que introdujo la reforma laboral castigando un mercado especialmente marcado por la explotación y la precariedad.

La ecuación que conecta a las kellys con los jueces es sencilla: si todos sufrimos los ajustes cuando España estaba al borde del abismo y la intervención, todos queremos ahora participar de la recuperación. Sin excepciones. La ola de las protestas se ha vuelto incontrolable e imprevisible y poco tiene que ver con el organizado movimiento sindical que ha ido modulando el poder de la calle en estos cuarenta años de democracia.

En Granada, esta semana ha sido el turno de las trabajadoras de los hoteles -que han unido fuerzas constituyéndose en asociación- pero también de los funcionarios de prisiones -el jueves se encerraron en Albolote para exigir la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña- y el de los policías locales que están intensificando la batalla por la prometida bajada de la edad de jubilación. Todo llega, además, cuando aún resuenan los ecos de la marcha feminista del 8-M, cuando aún prosiguen los compases de rebelión de los mayores por unas pensiones dignas y cuando aún intentamos digerir imágenes inéditas como las protagonizadas por Guardia Civil y Policía Nacional denunciando su sangrante discriminación territorial.

Ya no hay líneas rojas. Y ya no son movilizaciones más o menos nostálgicas para celebrar efemérides y plantear reivindicaciones casi voluntaristas. Incluso el 15-M, asumiendo el espíritu de las protestas juveniles de la primavera árabe, empieza a quedar superado por las brechas de injusticias y de agravios que en el caso español ha desencadenado un cóctel inesperadamente explosivo: la quiebra del modelo autonómico, acentuada con la estrategia pactista que desde Madrid no ha dejado de alimentar a los nacionalismos, y con las secuelas de la crisis debilitando los frágiles pilares del Estado del Bienestar.

El punto de inflexión de todo hay que buscarlo en Cataluña. Por la interminable distracción que está suponiendo el desafío independentista y por los intoxicantes vasos comunicantes con que el bloqueo institucional está distorsionando la telaraña pública. Es el 155, pero es también el impasse en el que siguen los PGE y es, sobre todo, la profunda confusión entre política y justicia que ya hemos asumido como normalidad.

No lo es. No debería serlo. Ni en el conflicto separatista ni en las innumerables causas que saturan los tribunales certificando el fracaso más absoluto de la política. No se recurre ni a la vía administrativa; es la amenaza del proceso penal lo que tiene recorrido mediático, político y electoral. Lo estamos sufriendo en el conflicto catalán y lo comprobaremos a nivel local cuando casos de impacto como el Nazarí, Serrallo o Emucesa vayan marcando los verdaderos escenarios de juego. ¿Infracciones administrativas e irregularidades o trasfondo penal?

También aquí han saltado por los aires las líneas rojas. Y la prudencia. Más aún cuando es la propia política la que se intenta apropiar del poder de la calle. Lo veremos precisamente hoy en la movilización convocada por los tres años de aislamiento ferroviario. ¿Ni siquiera este incomprensible hito es capaz de arrancar una foto de unidad?

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