POR vez primera un partido político ha reconocido que se financió ilegalmente valiéndose de su estancia en el poder y ha aceptado pagar 388.000 euros como indemnización por lo defraudado. Lo ha hecho pactando con el fiscal una rebaja de las penas solicitadas a los seis acusados, que de este modo se libran de pisar la cárcel.

Se trata de Unió Democrática de Catalunya (UDC), el partido que como socio menor de Convergència ha cogobernado la Generalitat durante la etapa más larga de la autonomía catalana. Los hechos sucedieron en los años noventa, con Jordi Pujol como presidente. El modus operandi de la trama es fácil de entender: el director general de Empleo de la Generalitat, militante de Unió, en connivencia con el secretario de Organización del partido, concedió cuantiosas subvenciones procedentes de la Unión Europea a un empresario andorrano para organizar cursos de formación ocupacional. Buena parte de ese dinero se desvió para pagar material y mobiliario de las sedes de Unió y abonar las nóminas de miembros del mismo, falsamente contratados en las academias del mentado empresario.

Más importante que discutir si esta sentencia de conformidad que permitirá a los imputados rehuir la prisión que merecería la gravedad de su conducta -utilizar el dinero de los parados en provecho orgánico propio-, es que el acuerdo supone para UDC asumir que es responsable de un delito (y de un pecado en su caso, porque se trata de un partido confesionalmente cristiano) y devolver el dinero usurpado. Quiero decir: los condenados no tendrán que estar entre rejas, pero lo que es robar, robaron, y así lo declaran como hecho demostrado, igual que su partido, Unió, se confiesa beneficiario de un comportamiento delictivo.

Como es costumbre, nadie asume la responsabilidad política obviamente derivada de este caso. Se le ha recordado al líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, que hace doce años se declaró dispuesto a renunciar al cargo si se probaba que hubo financiación ilegal de su organización. Mejor esperar sentados esta renuncia. Duran Lleida, que hace un año era el parlamentario español más valorado, no piensa ni por asomo dimitir. Ayer enmudeció y emprendió un viaje a China como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España, esa nación que, más o menos a rastras de sus aliados, se propone fracturar.

¡A quién se le va a ocurrir dimitir por haberle robado el dinero a los parados!