Mientras la Junta alentaba la expectativa de una agencia estatal que el propio Gobierno ya había advertido que no saldría de Madrid por sus particularidades técnicas y operativas, decidía que el nuevo Instituto Andaluz de Salud –una estructura autonómica, sin interferencias externas– tendría su sede en Sevilla. Lo imposible se reclama; lo posible se rechaza. Y, a partir de ahí, se construye el cómodo relato del agravio.
Granada no pierde peso sanitario por una fatalidad, sino por una decisión política concreta. Madrid no tuvo absolutamente nada que ver con la liquidación práctica de la Escuela Andaluza de Salud Pública, una institución de prestigio internacional, con décadas de trayectoria, ubicada en Granada y referente en formación e investigación en salud pública. No se trasladó: se extinguió. En silencio, sin debate y sin explicaciones convincentes.
Mientras tanto, la gestión sanitaria general se centraliza en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con sede en Sevilla, a la que se suma ahora el Instituto de Salud de Andalucía. Todo queda en el mismo lugar. Todo muy “miarma”.
Lo paradójico es que Granada sí tenía con qué sostener su papel para sede del Instituto Andaluz de Salud: la EASP, hoy desmantelada, y el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, un ecosistema universitario, hospitalario y científico único en Andalucía. Pero parece que el mérito pesa menos que el código postal.
Y así se llega al gesto final: exigir al Gobierno central para Granada lo que la propia Junta le ha negado. ¿Cómo se puede reclamar fuera lo que se ha rechazado dentro? ¿Con qué credibilidad se protesta cuando antes se ha vaciado a Granada de sus instituciones clave?
La respuesta es incómoda, pero evidente: no se buscaba la sede, sino el titular. Granada como bandera del agravio y víctima útil del centralismo ajeno, mientras el propio se ejerce sin complejos. Un trampantojo político en el que Granada solo sirve de decorado. La pregunta, en realidad, no es para Madrid. Es para Sevilla.
