Durante las últimas décadas, las administraciones públicas han actuado de forma pusilánime (cuando no con evidente desidia) ante la proliferación de cientos de pozos de riego ilegales que se alimentan de los acuíferos de Doñana. El boom del cultivo de los frutos rojos en la década de los 90 supuso la puesta en marcha de miles de hectáreas de cultivo (muchas de ellas también ilegales) que están obligando a sobreexplotar unos recursos hídricos que cada vez están más deteriorados, con la consiguiente amenaza a un Parque Nacional y Natural que es una de las últimas grandes reservas de vida salvaje en Europa. Esta actitud por parte de las administraciones se ha ejercido con una mezcla de ineficacia y de falta de voluntad política. Durante mucho tiempo, por cuestiones electoralistas y de corte populista, no se ha tomado en serio la persecución policial y judicial de los que están perforando pozos ilegales con el único fin del enriquecimiento personal y sin tener en cuenta un medio ambiente, el del Coto, que es uno de los principales símbolos de identidad de Andalucía. Esta pasividad oficial no ha pasado inadvertida para las autoridades europeas. En los últimos tiempos hemos visto cómo el Parlamento de la UE ha aprobado un informe en el que se insta a España al cierre de todos los pozos ilegales y a paralizar la sobreexplotación de los acuíferos. Asimismo, la Comisión Europea ha denunciado ante el Tribunal de Luxemburgo los excesos que se están cometiendo en este asunto y las sanciones podrían ser millonarias. Que sean las autoridades europeas las que nos conminen a cuidar nuestro rico patrimonio natural es algo que debería causarnos rubor.

Aunque tarde, las autoridades españolas han empezado a reaccionar. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por ejemplo, ha iniciado ya los trámites para declarar sobreexplotadas tres de las cinco masas de agua en las que se divide el acuífero de Doñana. Y cada vez son más los pozos ilegales que se están clausurando, aunque aún queda mucho por hacer. Paralelamente, habría que iniciar una campaña pedagógica en los municipios del entorno del Parque. Con evidente demagogia se ha intentado convencer a la población de esas localidades de que la protección del medio ambiente es un lastre para su bienestar. Nada más lejos de la realidad. Doñana puede ser la clave de un desarrollo sostenible basado en el aprovechamiento responsable de los recursos. Pero si se sigue abusando de los mismos, el futuro de estas comarcas puede ser muy negro.