El debate en el Senado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha afectado a las negociaciones paralelas que ambos partidos sostienen para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el PP han entendido que Sánchez rebajó el tono del anterior encuentro en esta Cámara, por lo que no se ha producido una ruptura del diálogo. Queremos subrayar que lo que ocurre en el Poder Judicial entraña una extrema gravedad. No es que todos sus vocales tengan caducados sus mandatos, sino que se ha producido una bicefalia en la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, que debe ser única, pero que ahora reside en dos magistrados distintos. Quienes quedan en el Consejo no atendieron a la propuesta de Carlos Lesmes para que se escogiese a una única persona que, además, era la propuesta por los servicios jurídicos. Sólo esta discrepancia entre el presidente dimitido y el resto del Consejo, fracturado a su vez entre conservadores y progresistas, da cuenta del tremendo deterioro al que ha llegado la cúpula del Poder Judicial. Por pura razón de Estado, PSOE y PP están obligados a deshacer este despropósito. Es necesario alcanzar los tres quintos de las dos Cámaras legislativas para que se puedan renovar los 21 vocales. La demora no admite ninguna excusa. Hay que añadir que el nombramiento de cuatro vocales del Tribunal Constitucional depende de que esto se solvente, así como de más de una docena de jueces y magistrados del Supremo. Esta enorme demora en el mandato del CGPJ demuestra, además, que el método de elección del gobierno de los jueces por una mayoría reforzada del Congreso y el Senado debe ser modificada. Con ello, también se atendería a los llamamientos de la Unión Europea, que ha solicitado a España un papel más efectivo de los jueces en la elección del CGPJ. No obstante, entendemos que la reforma de la ley debe ser posterior a los nombramientos o que se inicie a la vez. No se admiten más retrasos.