España, como cualquier país democrático, tiene los mecanismos necesarios para protegerse de los intentos de desestabilización que puedan comprometer el orden constitucional. Es, en definitiva, una garantía de que el sistema político y social que los ciudadanos de este país han decidido darse está a salvo de ataques que pretenden destruirlo. Esos mecanismos se llaman, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, servicios de Inteligencia y su actuación debe ser tan reservada como sea posible, siempre dentro de los límites que marca la ley. En ese sentido, que por parte del CNI se hayan controlado las actividades de los separatistas catalanes que en 2017 intentaron dar un golpe de Estado entra dentro de lo que cabría esperar de este servicio y si se ha producido alguna extralimitación de sus actividades, cosa que no está probada en absoluto, tendrán que ser los tribunales los que lo diluciden. Pero una vez más asistimos, a cuenta del presunto empleo del software israelí Pegasus para controlar comunicaciones de los separatistas, a una muestra de la debilidad política del Gobierno de Pedro Sánchez y a la fragilidad de sus apoyos parlamentarios. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha plantado en Madrid para amenazar al Ejecutivo con hacer saltar la legislatura por los aires. No es la primera vez. No será la última. Y muy posiblemente la sangre no llegará al río porque difícilmente el nacionalismo catalán va a gozar de una posición de más fuerza para condicionar al Gobierno de Madrid. La debilidad de Pedro Sánchez está pasando factura no sólo a las estructuras políticas del país. En una situación tan preocupante desde el punto de vista social y económico, es también el conjunto de la ciudadanía el que se ve afectado por la falta de un poder político con capacidad de decisión. Es el momento de replantearse muchas cosas en el país y la llegada de un nuevo liderazgo al principal partido de la oposición es una magnífica oportunidad para explorar nuevos caminos.