La moción de censura de Pedro Sánchez venía condicionada por la temporalidad. Según explicó entonces el presidente del Gobierno, se trataba de regenerar la política después de la sentencia de la Gürtel, normalizar la situación y convocar elecciones generales. Pero Sánchez ha concebido este proceso como una legislatura recién nacida, de ahí que el PSOE quiera ahora modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para anular el veto del Senado a la senda de déficit. Se trata de una reforma de corte estructural, porque es una ley orgánica, que sólo debería llevarse a cabo con una amplia mayoría o bajo el acuerdo de los grandes partidos. Para aprobar las cuentas de 2019, PSOE y Podemos intentan sacar al Senado del juego democrático del control del Ejecutivo. De este modo, el Congreso podrá aprobar una nueva senda de déficit para encajar la holgura que se ha conseguido en Bruselas. Tanto la Administración central como las comunidades autónomas contarán con más dinero para gastar con la aprobación de la Comisión Europea, pero las reglas no se deben alterar con un Gobierno sustentado por una mayoría débil y tan heterogénea que participan en ella los partidos independentistas. No es que sea negativa esta relajación del déficit, pero sí lo es el método empleado. Al menos, han retirado la idea de hacerlo mediante decreto y ahora lo intentarán de acuerdo con una proposición de ley. Pero lo que se va conociendo del posible Presupuesto de 2019 es que va a pivotar sobre un nuevo aumento del gasto público y una actualización de las pensiones que ignora el factor de estabilidad. Unos pocos meses más de poder no le pueden costar tanto al país. Ni económica ni políticamente. El presidente Pedro Sánchez tiene que considerar que su Gobierno, si bien es legítimo, está condicionado, porque uno de sus socios -Podemos- pone en duda la arquitectura constitucional del país y otros dos -ERC y lo que queda del PDeCAT- buscan su partición.