Editorial
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a prorrogar los contratos a parte de los sanitarios que se contrataron de modo excepcional para la pandemia del Covid-19, son 12.000 personas de aquellas 20.000 que entraron a trabajar en los peores meses de la crisis sanitaria. Lo que el tiempo ha venido a demostrar es que este plus de sanitarios y, en especial de médicos, era necesario para destensar el SAS, cuya atención se había deteriorado tras unos cuantos ejercicios de disminución presupuestaria. Es bueno que a los médicos se les ofrezca una renovación de un año, porque lo cierto es que Andalucía, como el resto de las comunidades, e incluso el sector privado han entrado en competencia por unos profesionales que comienzan a escasear. En estos momentos, la estabilidad laboral y los salarios son los elementos que más se tienen en cuenta a la hora de elegir un destino, y Andalucía no es, precisamente, de las mejor valoradas. Aclarado esto, sí nos preocupa que el presupuesto del SAS, como el de la administración andaluza en general, se sustente de verdad sobre una previsión real de los ingresos. Y en este sentido es de prever que en los próximos años se acaben los diversos tipos de recursos extraordinarios que Bruselas y el Gobierno central han dedicado a causa del Covid. El Gobierno de Juanma Moreno tiene ante sí un enorme desafío para congeniar la mejora de la Atención Primaria, que en buena parte depende del salario y la estabilidad de los médicos, con los recursos públicos disponibles. Deberá mejorar la eficiencia del gasto en sanidad, porque aunque los márgenes sean escasos, los volúmenes con extraordinarios. El SAS destina a personal la misma cantidad que la comunidad autónoma de Aragón emplea en todo su presupuesto anual. Del mismo modo, hay que concebir otras relaciones con el sector privado, porque sin afectar a la calidad asistencial sí es posible disminuir los costes de determinados servicios.
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