La Diputación de Granada ha creado el Premio Virgilio Castilla dedicado a apoyar aquellos trabajos de investigación que contribuyan al conocimiento y difusión del pasado reciente, comprendido entre las constituciones de 1931 y la de 1978, dentro del contexto de la ley de Memoria Histórica y Democrática.

El galardón, dotado con 3.000 euros y que incluye la publicación del trabajo, busca impulsar y apoyar económicamente estudios inéditos que contribuyan al conocimiento y difusión de hechos históricos acontecidos durante la II República, la Guerra Civil, la Posguerra y la Transición hacia la Democracia en la provincia de Granada.

La vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha apuntado en un comunicado que la institución colaborará con la Universidad de Granada para que se presenten estudios "importantes, serios y rigurosos" en el marco de la excelencia universitaria.

"Es importante animar a los universitarios, a los que trabajan e investigan en el ámbito de la historia y de la historia contemporánea, a que en sus estudios tengan en cuenta este premio", ha señalado Gómez, que ha precisado que el jurado estará compuesto por tres especialistas, que contarán con la asistencia de un secretario.

Un político comprometido con la República

Virgilio Castilla Carmona, quien da nombre al premio, fue un político granadino, comprometido con la República y con los principios democráticos, asesinado el 2 de agosto de 1936. De su trayectoria política destaca, según ha informado la Diputación, su elección como concejal del Ayuntamiento de Granada en las elecciones de 1931 y 1936, así como su nombramiento como presidente de la institución provincial de 1931 a 1934 y posteriormente tras las elecciones municipales de 1936.

Castilla se distinguió en su actuación pública por el fomento y mejora de la comunicación, atención a la beneficencia, inversión en políticas que impulsaran el empleo en las zonas deprimidas, dignificación de la institución, mejora de las arcas y fondos con la actualización y agilización de la administración y la recaudación.

Al producirse la sublevación militar fue detenido en Granada el 20 de julio, y fue juzgado en consejo de guerra sumarísimo el 1 de agosto, junto a un numeroso grupo de personalidades y sentenciado a pena de muerte, aunque no se comprobó ninguno de los cargos, ni se respetaron las garantías procesales.

La familia consiguió la reparación de su memoria por resolución del Ministerio de Justicia en 2007