La Fiscalía considera que existen suficientes indicios contra la actuación de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, cuando pagó una condena que le impuso un juzgado por injurias a un exgerente de Visogsa con dinero del grupo municipal popular, para considerar que cometió un posible delito continuado de malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal o alternativa de apropiación indebida, según se desprende del procedimiento de diligencias de investigación penal realizadas en torno a este asunto.

El escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Granada Hoy y que consta de 19 páginas, concluye con "la propuesta al fiscal jefe provincial de Granada de la presentación de denuncia por los hechos que han dado origen" a estas actuaciones. Y considera que el órgano competente será el Juzgado de Instrucción de Motril que por turno le corresponda.

Los hechos tratados fueron denunciados por los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida-Equo, así como por el portavoz de Vox, en Motril con escritos presentados el 8 de octubre del pasado año y en ellos pedían la intervención del ministerio fiscal al considerar que se habían pagado con fondos del Grupo Popular municipal (dinero público del Ayuntamiento)una condena personal.

La fiscal considera que García Chamorro podría haber incurrido de forma continuada en un delito de malversación y administración desleal.

En los fundamentos considera que el destino de "la asignación descrito de la providencia de la alcaldía, no está relacionado con un gasto propio del funcionamiento del grupo político. Se trata de un gasto particular ajeno a esta finalidad". Así mismo, utiliza un informe del Interventor del Ayuntamiento de Motril en el que analiza la legislación aplicable y la jurisprudencia, concluyendo que "la asignación a los grupos políticos debe destinarse al funcionamiento del propio Grupo Político, siendo una dotación de carácter finalista sin que pueda realizarse un uso discrecional o destinarla a finalidades ilimitadas no relacionadas o vinculadas con el funcionamiento de dicho Grupo". 

Considera que pagó con varias transferencias los 4.600 euros de su condena, con el dinero del grupo municipal, de igual forma se basa en la investigación realizada por la Policía Nacional, así como los extractos bancarios del PP de Motril. 

Todo comenzó con la filtración, presuntamente por parte de un grupo de militantes de los populares motrileños "descontentos con la forma de hacer política", de una serie de cartas dirigidas a altos cargos del partido donde se les informaba de "la presunta utilización irregular de fondos provenientes de dinero público" por parte de García Chamorro para hacer frente al pago de una sanción personal, así como unas fotocopias donde se mostraban dos documentos bancarios donde se reflejaba el envío de 4.000 euros, entre las dos operaciones, desde la cuenta del Grupo Municipal a una de la popular.