Una resolución judicial avala los convenios municipales y el sistema de tratamiento de residuos de la Diputación de Granada y rechaza la interpretación hecha por el municipio de Güéjar Sierra. Así lo indicó ayer la institución provincial a través de la diputada de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, y el responsable de Recursos Humanos y Economía, Manuel Gómez.

Según Blanco, con este dictamen la justicia rechaza "de manera contundente las interpretaciones torticeras y malintencionadas" del alcalde de Güéjar Sierra y portavoz del grupo del PP en la Diputación, José Antonio Robles, sobre el convenio suscrito con los ayuntamientos.

La resolución judicial tiene su origen en una sentencia derivada de un recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra contra el acuerdo del pleno de la Diputación del 17 de diciembre de 2015, por el que se aprobó el modelo de convenio para la prestación del servicio público de tratamiento de residuos municipales entre la Diputación y los ayuntamientos. El auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada, contra el que cabe recurso de apelación, establece que "no puede hacerse extensiva la ejecución forzosa a materias o actos que son objeto de otros procedimientos y no puede pretenderse que la sentencia tenga efectos generales que afecte a otros ayuntamientos o se dejen de aplicar convenios con otros ayuntamientos".

Tampoco puede anularse el reglamento regulador del servicio que no es objeto del recurso y que se refiere a aportaciones municipales. "El objeto del recurso ha sido solo en el ámbito del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputación y es un modelo de convenio bilateral", por lo que Diputación ha ejecutado la sentencia.

La diputada recordó que una sentencia del TSJA ya declaró "ilegal el tasazo de la basura que impuso el PP en el anterior mandato" de la Diputación. Tras aquella decisión judicial, el actual equipo de gobierno, del PSOE, puso en marcha un nuevo modelo de gestión del servicio que, según la diputada, abarata los costes para los municipios y prima el reciclaje en origen, lo que se traduce en un ahorro del 30% de media con respecto al sistema anterior y cuatro millones de euros menos de gasto para el conjunto de la provincia.