La Junta paraliza las obras de una planta fotovoltaica en la localidad granadina de Víznar

Se ha iniciado un procedimiento sancionador de 300.401 euros debido a una serie de incumplimientos e infracciones

La gran planta fotovoltaica de la Vega de Granada dejará tres millones de euros en las arcas de los municipios en los que se construirá

Concentración ante la Delegación de Medio Ambiente para exigir la paralización de las obras de la megaplanta el pasado 20 de febrero / Ecologistas en Acción

Granada, 04 de marzo 2025 - 20:06

La Junta de Andalucía ha paralizado este martes las obras de la planta fotovoltaica El Fargue ubicado en la localidad granadina de Víznar, además de acordar el inicio de un procedimiento sancionador de 300.401 euros debido a una serie de incumplimientos e infracciones.

Ecologistas en Acción había denunciado junto a los vecinos de la zona la instalación de la planta desde el inicio de las obras el pasado octubre, y ha anunciado en una nota de prensa lo acordado por la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que también ha sido trasladado al Ayuntamiento de Viznar, el cual tiene que pronunciarse respecto de la legalidad urbanística de la obra, como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por existir presuntas infracciones en materia de aguas.

En sus denuncias, vecinos y ecologistas sostenían que las obras excedían lo previsto en el proyecto y que las modificaciones "severas" en la topografía del terreno y los daños "irreversibles" sobre la calidad del suelo no habían sido evaluados ni estaban amparados por la autorización ambiental, además de incumplir las condiciones impuestas.

En las conclusiones finales del acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, la administración sostiene que se ha incumplido el condicionado en cinco apartados de la Autorización Ambiental Unificada.

Entre ellos cita una modificación sustancial del proyecto, "pues se ha usado maquinaria pesada en las labores de desbroce y acondicionamiento del terreno así como en el tratamiento de las pendientes superiores al 20 %", algo tipificado como infracción "muy grave" por los daños ocasionados al medio ambiente.

En cuanto al resto de incumplimientos, la administración los califica como "infracción grave", y señala que la empresa deberá comunicar el uso de maquinaria pesada y presentar un estudio detallado del tratamiento de las pendientes y de la modificación de las mismas "a fin de poder comprobar el alcance de posibles daños" para que pueda ser valorada la ampliación de las medidas correctoras y compensatorias del proyecto.

También requiere a la entidad promotora la presentación de un proyecto de restauración y revegetación que garantice la estabilidad e impida el deslizamiento de tierras hacia los barrancos, "aunque esta medida suponga la disminución de la pendiente en detrimento de la superficie de implantación de los paneles fotovoltaicos".

Por todo ello, acuerda paralizar las obras en las zonas donde se han producido los incumplimientos hasta que se cumplan las condiciones.

Los ecologistas valoran la adopción de medidas por parte de la administración pero consideran que llegan "demasiado tarde" y que el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador "no es lo suficientemente riguroso y acorde con la gravedad de las actuaciones irregulares".

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