El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido este jueves mantener la suspensión cautelar del pago de un euro por receta en Madrid mientras resuelve sobre el recurso que el Gobierno presentó contra la decisión de cobrarlo de la Comunidad de Madrid. El TC admitió a trámite el pasado mes de enero el recurso que, a solicitud del Gobierno y en aplicación de la Constitución, implicaba la suspensión provisional de la medida en tanto se resuelve el fondo del asunto.

La suspensión provisional se adoptó por un plazo de cinco meses, un plazo que se ha cumplido ya, por lo que el pleno del tribunal de garantías constitucionales debía decidir ahora si mantenía la medida y se ha inclinado por prolongarla en tanto resuelve sobre el recurso. El pasado mes de mayo el Tribunal Constitucional (TC) decidió mantener la suspensión cautelar del pago de un euro por receta en Cataluña mientras resuelve el recurso que el Gobierno también presentó contra esta medida, por lo que se esperaba que el tribunal decidiera lo mismo en el caso de Madrid.

Como expuso en esa misma resolución, el Constitucional llega a su conclusión de mantener la suspensión al ponderar, por un lado, el interés general de la tasa y el privado de las personas afectadas por la medida, y, de otro, los perjuicios "de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión" de la medida.

En su recurso, el abogado del Estado alegó que a pesar de su escasa cuantía la tasa puede erigirse en barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recurso y mayores necesidades, puesto que se suma al copago establecido en la legislación estatal, "lo que puede suponer riesgos irreparables para la salud" y "concentrados en quienes tienen mayor necesidad de la asistencia farmacéutica".

El Constitucional ha indicado en su auto que "la dificultad de reparación" justifica el mantenimiento de la suspensión, ya que el número de afectados tendría "carácter masivo". En este sentido, explica el TC que, además del carácter oneroso de las cargas, las molestias y costes que conllevarían la devolución de las cantidades ya ingresadas tanto para los ciudadanos afectados como para la Administración autonómica obligaría a arbitrar un procedimiento de devolución individualizado "con unos costes de gestión que incluso podrían llegar a superar la cuantía recaudada por la propia exacción de la tasa".

El pasado 29 de enero el Tribunal Constitucional (TC) zanjó la batalla del euro por receta abierta por las dos comunidades contra el Gobierno al suspender la aplicación de este impuesto también en la Comunidad de Madrid, después de hacerlo quince días antes en Cataluña.

El 11 de enero el Gobierno había acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica en la Comunidad de Madrid, ya que considera que el euro por receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica. Para presentar su recurso, el Gobierno requirió un dictamen al Consejo de Estado, que determinó que la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid es inconstitucional.

El euro por receta en Madrid fue anunciado el 31 de octubre de 2012 por el presidente de la Comunidad, Ignacio González, durante la presentación del proyecto de presupuestos de la región para 2013. Justificó la medida en el deseo de reducir el gasto farmacéutico en la región. González adelantó el miércoles que el Ejecutivo regional no volvería a aplicar la tasa de un euro por receta fuera cual fuera la decisión del TC que se ha producido hoy.