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El Gobierno aprobará una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil

El Consejo de ministros va a dar luz verde este martes a esta medida, incluida en su estrategia de desarrollo sostenible

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Un niño en un asentamiento rumano en España. / Rafa Alcaide (Efe)
Agencias

Madrid, 10 de febrero 2026 - 11:59

El Consejo de ministros va a aprobar este martes una estrategia de desarrollo sostenible para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género y que incluye, entre otras medidas, una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil.

Así lo han informado a Efe fuentes del Gobierno, que han detallado que el objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y acabar así con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.

El Gobierno incorpora por primera vez la prestación universal por crianza en una estrategia estatal como medida para erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo.

Con este nuevo derecho se pretende reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope) en un 10% (por debajo de la incidencia de la Unión Europea) priorizando medidas dirigidas a familias monomarentales, las más afectadas con la situación de pobreza.

Ha sido el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el encargado de elaborar esta nueva estrategia de desarrollo sostenible, que está compuesta de 100 metas para reforzar el Estado de bienestar y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y medioambiental se aborde garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial.

Triplicar la inversión pública en vivienda

Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda y para ello se quiere triplicar la inversión pública con 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años y alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en 2030.

Se plantea también incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. Para ello, añaden las mismas fuentes, es fundamental la colaboración entre las distintas administraciones públicas y que más Gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la ley de vivienda para topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.

La estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, señala además la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda de los jóvenes para reducir su edad de emancipación.

Entre las 100 metas también se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género y se fija como objetivo reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030, incluyendo una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres y un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

Mayor independencia energética y más energías renovables

Con esta estrategia, el Gobierno también apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero en un 32%, además de establecer más recursos para emergencias derivadas de fenómenos extremos climáticos.

Reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9%, con atención especial a colectivos vulnerables, y aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada son otros de los objetivos principales de este documento.

Asimismo, se quiere promover la visibilidad y concienciación sobre los delitos y discursos de odio y lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén completamente digitalizados, simplificados y unificados y se pueda garantizar la atención presencial para quienes lo necesiten.

Las 100 metas que se incluyen en esta estrategia se integran en cuatro retos: un Estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad; un sistema económico circular que genere bienestar y justicia social, laboral y ambiental; una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática; y situar los derechos humanos y la igualdad en el centro de la acción pública.

El documento reafirma además el apoyo de las estrategias y políticas públicas españolas al sistema internacional multilateral dirigido por Naciones Unidas.

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