El alcalde frena la operación de los agentes, autoriza que se mantengan los veladores y asegura que apoya a los hosteleros "aplicando el sentido común". “No entendemos esto, cuando sólo nos quedan una quincena de agosto y otra de septiembre, antes de que nos obliguen a cerrar otra vez”, dicen los afectados.

"En la Plaza de Mina ningún bar pierde metros respecto a los que pedía”, asegura el concejal de Urbanismo y Movilidad. El edil recuerda que los hosteleros ya conocían el replanteo y la ordenanza, "que garantiza uso público, accesibilidad y justicia" en el reparto. "¿Antes quién decidía?: el concejal o la concejala de turno", afirma Vila.

Los propietarios del bar Mediterráneo no descartan el cierre de un negocio que aseguran que sólo funciona en verano, después de que le reduzcan las mesas de 28, a nueve o diez.

El Ayuntamiento tumba la propuesta de un restaurante de la Calle Nueva, una de las peatonales más anchas de la ciudad, y la deja reducida a una sola mesa para reabrir el lunes 11 de marzo.

El restaurante que cerró antes de que se decretase el estado de alarma porque le reducían la terraza hasta lo insostenible reabre este fin de semana y espera poder atender en mesas exteriores el lunes.

La portavoz socialista, Mara Rodríguez, asegura que la medida sería transitoria mientras que no se puedan ocupar al 100%.

Responsabilizan al concejal Martín Vila, exigen que la norma se aplique "sin sectarismos y con criterios técnicos" y esperan que medie el alcalde, como en San Francisco. Recuerdan que el Ayuntamiento "debe proporcionar seguridad jurídica a un sector que crea empleo y es uno de sus motores económicos".

Algunos autónomos empleadores barajan seguir los pasos de San Wich, que echó la baraja tras perder un tercio de sus mesas. Desde Horeca recalcan que los veladores son el escaparate de venta de un sector que es la locomotora de la economía.

"No entiendo por qué nos las quitan, si cumplimos con la normativa", dice el propietario de San Wich, Javier Álvarez. Del establecimiento dependen seis trabajadores, tres familias y un total de catorce personas.

El gobierno local responde que ya analiza con el sector la posibilidad de cambiar la ordenanza con “un equilibrio entre la ocupación de la vía pública, la accesibilidad y el mantenimiento de la actividad económica hostelera”.