No intervinieron en el fraude para legalizar sus pozos de riego. . Solo será juzgado el abogado que presentó la documentación falsa ante el TSJA.

Dos de ellos son aristócratas y propietarios de fincas agrícolas. . Argumentaron que no gestionan directamente sus fincas y no deben ser sometidos a pena de banquillo.

Tres de las masas subterráneas han sido declaradas en riesgo por sobreexplotación.

El delegado de Agricultura, Alvaro Burgos, desmiente al alcalde de la localidad.

Los propietarios de fincas alegan indefensión y ser “un hombre de campo sin cultura”. . Una viuda afirma que fue su esposo quien planteó el pleito.

Se le impuso una multa de 1.200 euros y la obligación de retirar en seis meses todos los elementos instalados para el riego.

La Sala desestima el recurso contencioso interpuesto por el sancionado contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Forma parte de la llamada operación Mizu en la que durante cinco meses se han realizado 1.800 inspecciones.

Los dos responsables de la empresa agrícola tendrán que indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con 70.000 euros por los daños y pagar 1.800 euros de multa.

Los onubenses ven el impulso a las comunicaciones como la medida más urgente. Si fueran diputados, urgirían a la Cámara Baja a buscar una solución a los fosfoyesos. La ciudadanía aboga por reforzar educación y sanidad públicas y proteger Doñana.