La juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE falsos, tiene previsto convocar hoy una comparecencia para nombrar un administrador judicial de la empresa aseguradora Uniter y de la compañía Curena, vinculada a ella, cuyo dueño, José González Mata, se encuentra entre los imputados en la última fase de investigación, centrada en las comisiones excesivas que cobraban las mediadoras. Con todo, la juez rechaza levantar el bloqueo de todos los productos bancarios y financieros de esas dos empresas, acordado en abril pasado, porque se trata de una medida cautelar que se adoptó "con la finalidad de asegurar el eventual fallo condenatorio y con la temporalidad propia de tales medidas de aseguramiento", sostiene.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, afirma en otro escrito que el nombramiento del administrador judicial "conllevaría lógicamente el simultáneo desbloqueo de sus cuentas bancarias".

González Mata se encuentra entre los 22 detenidos en marzo en la última rama de la investigación sobre los ERE pero aún no ha comparecido ante Alaya, al igual que no lo ha hecho el abogado Carlos Leal, del bufete Villasís. Dicha operación se saldó con siete personas en prisión, si bien la semana pasada la juez Alaya dejó libre sin fianza al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y la Audiencia de Sevilla decretó la libertad bajo fianza de 600.000 euros de otros dos imputados.

Sobre la dimensión del fraude investigado, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, afirmó ayer que "los ERE de Andalucía es el caso de corrupción más grave que ha habido en España" tanto por "la cuantía" como por las revelaciones que se están publicando, y emplazó al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a asumir responsabilidades políticas. "Este caso afecta clarísimamente a un Gobierno y el señor Griñán conocía del asunto", sostuvo.